La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha visitado el Vaticano para hablar de "alta política". No entiendo más alta política que la que afecta directamente a los ciudadanos. Los que se manifestarán mañana contra la nueva ley de educación y los que no merecen mayores explicaciones de un gobierno que prometió oír y hablar.
Es un desastre reducir a la discusión religiosa el problema educativo que no parece solucionar una ley tan mala (pdf) como la que se quiere aprobar.
Estoy con quienes creen que la religión debe estar fuera de la escuela porque las creencias son cosa de cada uno, de la familia y la iglesia. El estado debe garantizar la práctica y la enseñanza religiosa, pero en el templo o en las escuelas religiosas.
La enseñanza concertada está garantizada con la nueva ley, pero lo difícil en este país es encontrar un colegio laico concertado. Los hay, pero son poquísimos.
La libertad educativa se garantiza también ayudando a los estudiantes en lugar de a los centros. Es un principio general con el que se acaban muchas coartadas: ayudar a la gente, no a las empresas. Son los ciudadanos los que luego escogerán el servicio. Garantiza plenamente la iniciativa privada y evita oligopolios y burocratismo.
¿Cómo se ayuda? Por criterios de renta, integración y esfuerzo (sí, esfuerzo, aunque no le guste a la ministra y a otros burócratas) académico. Así se deja escoger a los alumnos sin crear estructuras rígidas y poco adecuadas a una demanda cada vez más exigente y cambiante.
La educación lleva tantísimos años dominada por la religión y la iglesia en España que todo este lío que se ha montado es un poco hipócrita.
Algunos datos:
El clero costará a todos los españoles más de 144 millones de euros en 2006. 105 vienen de aportaciones directas a través del IRPF y el resto los aporta directamente el estado.
La enseñanza privada concertada recibe del estado más de tres mil quinientos millones de euros para el 30% de los alumnos.
El estado gasta 600 millones de euros en pagar a 33.400 profesores de religión católica que son designados por la Iglesia Católica. Mantienen una larga lucha por sus derechos laborales cuando otros se quejan de que no se les exige la misma cualificación que a los demás. Sólo 11.000 pertenecen al sistema público.
Los protestantes son un centenar y los musulmanes, menos de 40.
Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades con más gasto en educación concertada.
MEC | Historia reciente del sistema educativo
