Los socialistas catalanes no se lo creen. ¿Cómo justificar el recurso de inconstitucionalidad admitido por el Tribunal Constitucional contra una ley que ellos crearon y apoyaron?
En el PP ya acusan al gobierno de encubrir sus actos y la Generalitat anuncia alegaciones inmediatas y acelerar la negociación con el ejecutivo central.
José Montilla era ministro de Industria cuando el consejo de ministros presidido por el presidente Zapatero acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley audiovisual catalana.
Artur Mas, contrincante de Montilla en las próximas elecciones autonómicas, denuncia las diferentes políticas socialistas "aquí y allí" (por Cataluña y Madrid) y lo tacha de contrasentido.
Hace unos días el PSOE animaba a exportar el modelo de control audiovisual catalán al resto del país.
¿Qué televisión y qué modelo de control audiovisual quiere el PSOE?
¿Cómo es posible defender en unos foros lo que se recurre en el Alto Tribunal?
La descoordinación es patética y ridícula.
El recurso se adelanta a otro interpuesto por el PP y criticado por dirigentes socialistas catalanes y estatales.
El Constitucional deja en suspenso más de medio centenar de artículos sobre gestión del espacio radioeléctrico, garantías de pluralismo, régimen de licencias y ciertas funciones del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).
Algunas de esas facultades ya han sido protestadas también en Cataluña.
El presidente Zapatero, sus ministros y su partido están montando un lío monumental con la reforma de la televisión. Las tentaciones de control y la liberalización necesaria, obligada por la futura modernización de la directiva europea de Televisión sin Fronteras enmadejan un sector demasiado controlado y condicionado políticamente.
Es hora de claridad y de despejar el futuro de una televisión que cambia aceleradamente y deja obsoletas las regulaciones nacionales y autonómicas.