El proyecto de estatuto del periodista profesional (wiki con la documentación) dormirá en la Comisión Constitucional lo que queda de legislatura y posiblemente para siempre.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no ve el necesario consenso para impulsar un proyecto de ley que afecta a derechos fundamentales.
Como Ramón Jáuregui, diputado y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, cree que sin esa sintonía entre periodistas, asociaciones, sindicatos, editores y medios no se puede promulgar un estatuto de los periodistas.
"Es necesario garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un derecho fundamental como el del artículo 20 de la Constitución y encontrar un equilibrio entre los intereses en conflicto", ha dicho el ministro en la jornada organizada por la Asociación de Periodistas Europeos.
El PSOE y el gobierno no renuncian a una regulación de la profesión periodística, pero con un texto muy reformado.
El estancamiento y división provocada por este intento de regulación es una mala noticia para una profesión dividida.
La discusión y tramitación del estatuto ha provocado diferencias graves entre periodistas, medios, editores y partidos. Se han mezclado reivindicaciones laborales con garantías de derechos constitucionales y profesionales hasta llevar a muchos a la confusión.
El propio ministro de Justicia llamó la atención sobre esta deficiencia legal que impide la correcta tramitación parlamentaria. El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa, Fernando G. Urbaneja, alertó sobre la misma confusión.
No es posible regular derechos fundamentales sin una ley orgánica y semejante norma no debe regular aspectos laborales.
Para rematar, la actual pelea mediático/política y entre concepciones del periodismo muy ligadas a los partidos y a intereses "intuidos pero no desenmascarados", en palabras de José Antonio Zarzalejos, director de ABC, hacen más difícil la búsqueda de consenso.
En el diagnóstico casi todos estamos de acuerdo. Es necesario:
>> mejorar la situación laboral;
>> diferenciar entre información, opinión y espectáculo;
>> alejar las distorsiones de un intrusismo que camufla la comunicación, el marketing o el entretenimiento como información;
>> fortalecer los derechos y defensa de los ciudadanos contra los excesos periodísticos;
>> promover la participación de los profesionales en los medios;
>> mejorar garantías como la cláusula de conciencia (ya regulada por ley) o el secreto profesional;
>> reconstruir el pacto entre periodistas y empresarios de la información por el periodismo y la información de calidad.
Pero disentimos en cómo lograrlo.
Los sindicatos y los colegios profesionales defendieron hoy que cualquier cosa es mejor que no hacer nada.
Las asociaciones de la prensa, profesionales como el director de ABC o yo mismo, y políticos como los citados del PSOE o Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación del PP, no estamos de acuerdo, aunque por razones diversas.
Nos une nuestra preocupación por una legislación sin consenso y por cómo afecta a los ciudadanos, titulares del derecho a la información (artículo 20 de la Constitución, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc.)
Muchos periodistas nos oponemos al estatuto por su pretensión de acreditar el ejercicio profesional con un carné expedido por consejos de la información estatales y autonómicos elegidos por los parlamentos entre periodistas, empresarios, juristas, sindicatos y asociaciones de consumidores.
Isaura Navarro, diputada de IU e impulsora de la propuesta de ley promovida por sindicatos y colegios profesionales, reivindica la capacidad del Parlamento para regular la profesión periodística.
El ministro de Justicia, arropado en robesperrianismo, nos llama "reaccionarios" a quienes desconfiamos de la autoridad del poder político sobre los periodistas, cuya misión principal debe ser vigilar al poder y "mantener la independencia de quienes se informa" y "ser leales sólo a los ciudadanos" y a la verdad, como bien dicen los Principios del Periodismo del Project for Excellence in Journalism.
La autorregulación al estilo británico de la Press Complaint Commission y el sometimiento a las leyes y los tribunales son las únicas autoridades que reconocemos algunos creyentes en el periodismo independiente.
"Dentro de la ley general de cada país, el periodista debe reconocer en materias profesionales la única jurisdicción de los colegas y la exclusión de cualquier clase de interferencia del gobierno de otros", dice el punto 9 de la Declaración de Principios de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ).
El Consejo de Europa defendió la "ausencia de controles o restricciones a los participantes en el proceso informativo, en el contenido de los medios o en la transmisión y difusión de información" en su Declaración de Libertad de Expresión e Información de 1982.
Demasiadas palabras. Demasiada política. Demasiada tensión entre la búsqueda de beneficios y los recursos disponibles. Y todo en un escenario de cambio del ecosistema informativo y periodístico empujado por la revolución digital, la gratuidad y la emergencia de la sociedad del entretenimiento (no de la información, cuidado con este peligro).
La profesión periodística está acechada por dentro y por fuera.
La campaña política desatada por medios como la Cope y El Mundo contra el gobierno y otras cabeceras, y la estrategia aliada del Partido Popular contribuyen a distorsionar el panorama.
Zarzalejos denunció la infrautilización del sistema jurídico, la desvertebración de la profesión y la opacidad de intereses mediáticos y políticos.
Dice el ministro López Aguilar que vivimos bajo una "violencia masiva, casi estructural, de los medios". No habla sólo de la política, sino de la telerrealidad, los abusos de la llamada prensa rosa, el famoseo, las violaciones de la intimidad y el honor, y de una "democracia mediática" que intenta dominar la agenda pública al albur de esos intereses ocultos.
Responder a esos desafíos necesita mejor periodismo, más libertad y más responsabilidad social y profesional.
Ningún carné lo conseguirá.
El cambio debe empezar por los propios periodistas y por los empresarios de los medios (sean públicos o privados). Hay que volver a creer en la información, no en el entretenimiento y el amarillismo sensacionalista o político.
Los ciudadanos pierden confianza en los medios y los periodistas. Prefieren recuperar la información y el debate público cara a cara gracias a la socialización de la información y la opinión facilitada por la revolución digital.
Cada vez hay más medios y menos periodismo y los demonios viven dentro.
Con más transparencia de los medios (recuperar la costumbre de publicar la cuenta de resultados, pidió Enric Bastardes con acierto) y del periodismo, más acceso de los ciudadanos, responsabilidad con el objeto social de la empresa periodística, mayor independencia de los políticos y el entramado de financiación pública, y exigencia y autocrítica dentro de la propia profesión se puede mejorar.
Y hay que tener coraje.
Vivir del periodismo no es igual a ser periodista.
De lo contrario arribistas interesados en el periodismo y los medios como instrumento de poder seguirán explotando en su beneficio el espacio público, la información y a los profesionales.
Periodistas y editores deben volver a confiar en la información.
Ningún estatuto puede conseguir ese objetivo, aunque una mejor regulación de algunos aspectos de la profesión puede beneficiar a todos.
El estatuto está arrumbado en los cajones de Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso. RIP. Busquemos el necesario consenso para no volver a perder otra oportunidad.
P21 | Los periodistas y su estatuto
Wiki de P21 sobre el Estatuto del periodista profesional
