El Parlament de Cataluña ha aprobado la nueva Ley del Audiovisual con el único voto en contra del PP, que al final rompió el consenso que había presidido los debates de una norma muy reglamentista que choca en algunos puntos con los cambios en la legislación audiovisual europea mientras comparte otros.
El PP votó al final con la sombra de la posible sanción a la Cope, que ya anuncian en Libertad Digital.
La nueva ley refuerza las competencias del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, cuyos diez miembros son elegidos por el Parlament menos el presidente, elegido por el gobierno de la Generalitat. Para ser una autoridad independiente, la dependencia política es excesiva. Pero es un avance que la supervisión de los medios audiovisuales no dependa directamente del ejecutivo catalán.
La nueva ley obliga a los medios a difundir "información veraz", una categoría adecuada para la autorregulación, pero peligrosa en manos de una autoridad audiovisual con capacidad sancionadora, económica y de suspensión de la actividad hasta un máximo de tres meses, pero que puede redundar en la no renovación de las licencias.
Santiago Rodríguez, portavoz del PP, aludió a que "sea aceptable que nadie que no sean los tribunales de justicia puedan pronunciarse sobre aspectos que son eminentemente subjetivos para calificar una infracción como muy grave y poder así dictar la suspensión de la actividad de un medio".
La condiciones de promoción de la industria, los contenidos y la lengua catalana son otras cuestiones polémicas debido a las altas cuotas que imponen y a su repercusión en la viabilidad económica de unos medios y un mercado mucho más fragmentado que el existente hasta ahora, origen del cambio de la directiva Televisión sin Fronteras europea.
Algunos aspectos de la nueva ley catalana podrían chocar con la prevista regulación comunitaria como su posible impacto en el principio de país de origen, que puede afectar a las emisiones de medios audiovisuales nacionales en Cataluña, la flexibilización de las normas sobre publicidad para facilitar la financiación de los medios en un nuevo escenario mucho más competitivo, y la aplicación de una legislación muy reglamentista para el audiovisual no lineal, los nuevos soportes digitales por cable e internet, mientras la Comisión Europea defiende una regulación ligera para permitir el desarrollo de los nuevos medios.
La ley desarrolla también normas para mejorar el servicio público de la radiotelevisión autonómica y el despliegue de la televisión local.
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