La mejor ley de prensa es la que no existe. Un viejo lema que remite la responsabilidad de los informadores al juicio del público y a las leyes ordinarias. El derecho a la información pertenece a los ciudadanos, no a los informadores, y hoy más que nunca, cuando cualquiera tiene a su alcance instrumentos poderosos para informar.
Los problemas de la profesión periodística española son similares a los del resto de países desarrollados. Están agravados por la coincidencia de un sistema de medios propio de la era de la comunicación de masas cuando ya vivimos en la era de la información digital y el Periodismo 3.0, y por el enorme peso que tienen la política y las instituciones en un ecosistema de medios fuertemente regulado e intervenido.
Por eso es injustamente anacrónico, corporativista y amenazante el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional (texto en pdf) que hoy comienza a estudiarse en la Comisión Constitucional del Congreso.
Sus ventajas son pocas más allá de defender el secreto profesional e impulsar la participación de los profesionales en las grandes decisiones de las redacciones, pero parte de varios vicios imperdonables: consagra el intervencionismo político, somete a los medios a los poderes estatales y autonómicos, confunde la deontología con la ley y limita el acceso a la profesión.
Informar es cada vez más un acto y no una profesión o un oficio. Se hace periodismo cuando se investiga o percibe un hecho y se difunde un relato del mismo a un público más allá de una esfera privada.
El periodismo se puede ejercer de forma profesional y en organizaciones periodísticas tradicionales o al margen. Cada periodismo tiene ventajas e inconvenientes, pero ninguno debe estar limitado por regulaciones corporativas ni por leyes especiales.
Los defensores del estatuto dicen defender a los periodistas contra el deterioro laboral y garantizar derechos contra la intromisión.
Pero el mercado periodístico se defiende mejor con un sistema laboral sin trampas adecuado a la legislación laboral ordinaria y al mercado real, con medios transparentes en su financiación y gestión, y con una competencia honesta, donde los medios sean más independientes del poder político y su fuerte intervención en los medios, a través de las regulaciones y el dinero público.
Citan legislaciones intervencionistas, reliquias de otros tiempos como la francesa de 1935, la italiana de 1963 o la portuguesa de 1999, pero olvida aspectos esenciales de esta última como el énfasis en la autorregulación y la ausencia de intervención política (artículo 23).
Los defensores invocan disposiciones del Consejo de Europa y de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), pero olvidan que ambos ponen énfasis en la radical individualidad del derecho a informar y ser informado, más allá de corporativismos.
La Declaración de Libertad de Expresión e Información de 1982 del Consejo de Europa declara que "el continuo desarollo de la información y de la tecnología de la comunicación debe servir para fortalecer el derecho, más allá de las fronteras, de expresar, buscar, recibir e impartir información y ideas, cualquiera que sea su fuente".
La Declaración defiende la "ausencia de controles o restricciones a los participantes en el proceso informativo, en el contenido de los medios o en la transmisión y difusión de información".
Y la propia Federación Internacional de Periodistas defiende en el punto 9 de su Declaración de Principios que "dentro de la ley general de cada país, el periodista debe reconocer en materias profesionales la única jurisdicción de los colegas y la exclusión de cualquier clase de interferencia del gobierno de otros".
Todavía hay tiempo para cambiar un Estatuto del que se puede rescatar los más valioso: derechos y deberes, impulso de la participación profesional, salvaguarda del secreto profesional, etc. y eliminar cualquier resquicio de regulación externa de la profesión como el Consejo Estatal de la Información y sus émulos autonómicos, mecanismos de control político y clientelista tal como están planteados.
Un estatuto para los periodistas puede reforzar el derecho a la información de todos si fortalece el papel democrático del periodismo y la ética profesional, impulsa la mejora de las relaciones dentro de los medios y fortalece la transparencia de los poderes y las instituciones.
Sería una pena desperdiciar la oportunidad por corporativismo o ansias de injerencia.
P21 | Silencio sobre el estatuto de los periodistas
