España y Estados Unidos pasan en estos momentos por una discusión similar: ¿Quién es periodista y quién disfruta los derechos reconocidos a los periodistas?.
En Estados Unidos, desde la prensa tradicional y desde los blogs y medios sociales se han alzado voces críticas contra la Free Flow of Information Act, un proyecto de ley presentado en el Congreso por el republicano Rick Boucher que pretende acabar con el lío de las leyes escudo, las que protegen el secreto profesional en unos estados mientras en otros un periodista puede ser encarcelado por proteger sus fuentes, como acaba de ocurrir con la redactora de The New York Times Judith Miller.
Las críticas se han disparado porque el proyecto de Boucher sólo protege a los periodistas profesionales y, por tanto, pemitirá a los poderes públicos determinar quién es periodista y quién no.
Justo como en el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional promovido por el Foro de Organizaciones Periodísticas (colegios y sindicatos) y en trámite en el Congreso.
La nueva ley norteamericana contempla como sujetos a proteger a las:
"Entidades que difunden información impresa, por ondas, cable, satélite, mecánica, fotográfica, electrónica u otros medios que publican un diario, libro, revista o otros periódicos;
operan una estación de radio o televisión (o cadena de estaciones), sistema de cable, satélite, canal o servicio de programación para cada estación, cadena, sistema o distribuidor;
o una agencia de noticias o servicio de cables;
un asociado, subsidiario o afiliado de tal entidad;
un empleado, contratista u otra persona que reúna, edite, fotografía, grabe, prepare o disemine noticias o información para tal entidad".
Lo que excluye a todos los medios participativos y al periodismo ciudadano o 3.0.
El proyecto de estatuto español define en su artículo 1 quién será considerado periodista:
"El titular de los derechos y deberes definidos en este Estatuto es el periodista profesional. Se considera como tal a todo aquel que tiene por ocupación principal y remunerada la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones o asociaciones".
Y para identificarlos se les entregará un carné profesional (artículo 2) otorgado por un consejo estatal de la información o sus émulos autonómicos (art. 25) cuyos representantes serán elegidos por los parlamentos a propuesta de varios colectivos profesionales y sindicales (art. 26).
Se crea además una comisión deontológica (art. 27) competente para imponer sanciones (art. 30).
En la era del periodismo 3.0 se despoja a los ciudadanos de cualquier protección para ejercer los derechos que les otorga el artículo 20 de la Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El secreto de las fuentes, sólo para los periodistas de carné, como la libertad de creación y los derechos de autor, el libre y preferente acceso a las fuentes informativas y a las vistas judiciales (arts. 11, 14, 15, 16, 17 y 18).
Un proyecto de estatuto con mucho que reformar.
P21 | Las razones tendenciosas de CC OO
P21 | Desinformación sobre el estatuto
Wiki sobre el estatuto
