El diario ABC suma su voz a la oposición contra el Estatuto del Periodista Profesional y lo hace proclamando que "la profesión periodística no necesita ningún estatuto" más allá de las leyes ordinarias y rechaza "su intervencionismo y su aversión a la libertad".
Sus razones coinciden en gran parte con las de quienes nos oponemos a una norma corporativista, burocratizadora, reguladora de un derecho a la información que es de todos y no sólo de los periodistas.
Pero sobre todo vuelve a poner el énfasis en la necesidad de evitar que los políticos y su entramado de poder controlen a quienes están obligados a vigilar el poder.
"En el mejor de los casos -dice el editorial- incurrirá en un indeseable paternalismo; en el peor, provocará la muerte de la libertad de información".
ABC reconoce, como muchos, la conveniencia de mejorar la regulación del secreto profesional o la cláusula de conciencia, pero para eso no se necesita un estatuto cuyos garantes son los consejos de la información elegidos por los parlamentos estatales y autonómicos.
Hace unos días era El Mundo el que se pronunciaba en contra con parecidas razones y denunciaba un "retorno a la visión franquista de la profesión periodística, corregida y agravada con dosis pseudoprogresistas".
Ambos diarios podrían recordar también que el estatuto no mejorará la difícil situación laboral de muchos profesionales, sino que puede producir un efecto contrario que acelere la externalización de muchas tareas de redacción.
Nuevas pero todavía pocas voces para un debate que ha comenzado en la Comisión Constitucional del Congreso tras varios meses de demoras provocadas por un realineamiento de los partidos sobre la propuesta presentada por Izquierda Unida y basada en el texto del Foro de Organizaciones de Periodistas, compuesto de sindicatos y colegios, principalmente.
Este proyecto de estatuto es el mayor peligro que acecha al periodismo español desde la caída de la dictadura de Franco y extraña no oír las protestas de quienes durante tanto tiempo se han erigido en adalides de la libertad y del periodismo como servicio público esencial para la democracia.
