El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado que se nombre un fiscal portavoz en cada fiscalía para controlar y canalizar la información a los periodistas.
El cerrojazo a la relación directa con los informadores ha debido ser puntualizado. Los periodistas podrán seguir cortejando a los fiscales, pero su jefe les recuerda sus obligaciones.
Conde-Pumpido ha aclarado que no trata de impedir que los fiscales mantengan una relación estrecha con los periodistas, sino que se abstengan de intervenir o colaborar en publicaciones o programas que se adentren en los "perturbadores terrenos de los juicios paralelos".
El fiscal general recuerda varias normas básicas a sus subordinados y a los periodistas:
>> respetar el principio de presunción de inocencia: obligado a todos;
>> proteger la intimidad de los menores implicados en juicios y asegurarse de no perjudicar su desarrollo: también ley para todos;
>> evitar la identificación de menores cuando comparecen como víctimas o testigos: otra más;
>> impedir la entrega a los medios de comunicación de escritos de calificación u otros dictámenes antes de ser presentados ante el órgano jurisdiccional: los periodistas están en su derecho de procurar la exclusiva adelantándose si pueden;
>> el fiscal general recuerda además que no está vedada la transmisión de información sobre los hechos por los que se sigue el procedimiento y sobre las decisiones adoptadas, sino solamente la de los datos que por afectar a la investigación puedan considerarse sensibles o puedan afectar de forma desproporcionada al honor de las personas: puntualización necesaria que a veces se confunde por unos y otros.
En definitiva, Conde-Pumpido pide contención, respeto, profesionalidad y una información "aséptica y objetiva, sin comprometer el principio de imparcialidad, con respeto a la dignidad de las personas y sin entrar en polémicas con los órganos jurisdiccionales, con las partes o con los medios de comunicación".
La instrucción del fiscal pretende crear un portavoz de referencia para los informadores que acabe con tratos de favor. Está en su derecho, garantiza una trasparencia mínima de la acción fiscal que los periodistas están obligados a romper en su legítima competencia por la noticia.
Intenta acabar con los excesos de tanto sensacionalismo, programas chabacanos, telerrealidad, corazón basura y demás abusos. Iniciativa a apludir.
Pero la instrucción del fiscal quiere evitar algunas filtraciones como las de casos recientes o actuales de gran repercusión pública. Y es ahí donde la prensa seria no debe perder esa relación estrecha que los buenos informadores de judicial deben mantener con las partes para asegurar la mejor información respetando los derechos básicos de acusados, testigos y la marcha del propio proceso judicial.
Los abusos de unos están conduciendo, en España y en nuestro entorno, a interpretaciones restrictivas del derecho a la información y de la transparencia y publicidad de los actos públicos que una sociedad abierta no puede permitirse.
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