La abogacía europea, cuyas conclusiones se suelen respetar en un 90% de las ocasiones, deja claro que:
- La compensación equitativa por copia privada debe aplicarse de forma armonizada en Europa.
- Debe ser justa con los derechos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y con los de los usuarios.
- Sólo puede aplicarse a equipos utilizados para la copia de contenidos protegidos.
- No puede aplicarse a empresas ni para usos profesionales.
- Si se aplica no puede limitar el derecho a copia privada.
Las jurídicas y económicas porque el monopolio de las entidades de gestión, capitaneadas por SGAE, se han estado lucrando de un impuesto universal, indiscriminado e injusto. Que además quieren expandir y llegar a cobrar por los enlaces.
La responsabilidad política porque el gobierno socialista y algunos partidos de oposición como el PP volvieron a aprovechar este tema como arma electoral sin cuestionar las verdaderas razones de la injusticia y proponer alternativas.
Sólo los partidos minoritarios de izquierda se opusieron con rotundidad.
Pero el canon y la reforma de la ley de propiedad intelectual salió adelante a pesar de que le costó el Ministerio de Industria a José Montilla y con él se llevó por delante a la plana mayor de un departamento que desde entonces no ha dejado de demostrar lo poco que entiende internet y lo demasiado cerca que está de las grandes operadoras de telecomunicaciones. La traca final es el apoyo del ministro Miguel Sebastián a la ofensiva contra la neutralidad de la red.
En el Ministerio de Cultura nunca se ha entendido su deber de proteger más a los ciudadanos que a los consumidores. Y que su labor no es ser un Ministerio de la Propiedad Intelectual y el Negocio del Entretenimiento, sino la de fomentar y proteger la cultura común, el patrimonio de todos, no sólo el negocio de unos pocos.
Es la hora de la responsabilidad política. Es hora de escuchar y debatir ideas con sentido. Es tiempo de no abrir subcomisiones de la Propiedad Intelectual que no sirven para nada y se agotan sin conclusiones prácticas.
No nos podemos permitir otra brecha digital y una internet de pago por la sordera política, la falta de coraje para defender los bienes comunes -culturales, científicos y tecnológicos- y seguir premiando a los monopolios y a la gran industria mientras no se deja de proclamar en el vacío de la falta de ideas que debemos cambiar el modelo económico.
Un sistema operativo económico y social es posible. Un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales, también. Internet y las herramientas digitales son una oportunidad, de la extensión de la banda ancha a los procomunes.
La amenaza son quienes no quieren cambiar ni innovar, en política, economía o tecnología.