El celo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en la persecución del WiFi municipal acaba en multa para cinco pequeños ayuntamientos catalanes. Esta vez, no es por ofrecer WiFi gratis, sino por prestar un servicio de pago para dar a sus vecinos acceso a Internet de banda ancha donde no lo ofrecen las operadoras con la calidad necesaria. Es la maldición del servicio universal: la ley garantiza a todos el acceso a la banda ancha, pero la realidad y las telecos lo niegan.
Cuando la Comisión Europea estudia ampliar el servicio universal y la banda ancha para lograr la Europa 3.0, España sigue siendo recibiendo palos por su retraso digital. El nuevo índice de eficacia de la banda ancha europeo vuelve a criticar el precio caro y la baja calidad en España, además de una penetración inferior a la media y la falta de servicios avanzados. Problemas más graves que los errores administrativos de pequeños ayuntamientos o las condiciones de acceso gratuito en lugares públicos.
2007. La CMT tramitó 328 expedientes. Sólo uno relacionado con el servicio universal. En noviembre de ese año se aprobó el fondo para acabar con la brecha digital y en septiembre de 2008 se ha fijado la contribución de las operadoras.
Cuando se estudia la ampliación del servicio universal para conseguir una auténtica ciudadanía digital en la sociedad de la información quizá los reguladores deberían anteponer las necesidades de los ciudadanos y una mayor colaboración entre empresas y administraciones para desarrollar la ciudadanía digital. No deja de ser paradójico que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, prometiese cuando fue candidato a la alcaldía de Madrid wifi público, una idea que hace poco volvían a resucitar fuentes del ministerio, mientras las estrellas del plan Avanza2 son los móviles, donde no sufrimos retraso digital, y la TDT, la promesa mimada del telestado del bienestar.
Sólo los usuarios aman el wifi. Las operadoras prefieren la conexión a través de banda ancha móvil (HSPA, High Speed Packet Access) porque es más rentable. Por eso la alianza de operadoras y fabricantes de ordenadores intenta imponer este sistema al incluirlo en los portátiles frente al wifi o el wimax, la tecnología inalámbrica de largo alcance. La consulta sobre la banda ancha de la UE intenta decidir para qué se emplearán y a quién se otorgarán las frecuencias del dividendo digital: las liberadas tras el apagón analógico de la televisión.
¿Quién ganará con ese dividendo? Veremos si son los ciberciudadanos, el objetivo y razón de la sociedad de la información o, de nuevo, la poderosa industria de telecomunicaciones.
Columna en Público