Cinco pequeños pueblos de Girona han sido sancionados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) por dar acceso a internet a sus vecinos a través de wifi suministrado por ADSL.
Todos los municipios no tenían cobertura de internet apropiada por las compañías convencionales y decidieron montar un red con la empresa Gesmedia.
La CMT vuelve a repetir en sus resoluciones el argumento de que los ayuntamientos no cumplieron el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones para constituirse como operadores de telefonía.
La CMT hace responsable a los ayuntamientos, que alegan que debería ser la empresa contratada para el servicio de acceso a internet (Gesmedia) la que debería haber realizados esos trámites.
Todo adecuado a la ley. Pero vuelve a sorprender que cuando toda Europa revisa el concepto de servicio universal de telecomunicaciones para ampliarlo, reducir la brecha digital, llegar a todo el territorio y fortalecer la sociedad de la información, la administración española siga persiguiendo a ayuntamientos, especialmente cuando las operadoras no garantizan un adecuado servicio universal, también recogido en la Ley de Telecomunicaciones (art. 22.a), tal como ha sido reforzado el año pasado por la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (art. 7).
España sigue por detrás de la media europea y de los países más avanzados en el despliegue de banda ancha, pero el impulso del servicio universal va por detrás de la defensa de un libre mercado de un servicio público no siempre garantizado, y menos en las condiciones correctas.
Quizá los ayuntamientos españoles y todos los interesados en la sociedad de la información deberían reclamar al ministro de Industria, Miguel Sebastián, más impulso real a la extensión de la banda ancha y menos preocupación por un mercado tan boyante como los móviles.
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