Los partidos políticos controlan las imágenes de los mítines en la campaña gallega. Repiten la censura de las televisiones ya realizada en la campaña para las elecciones generales de 2004. Y las televisiones, sin rechistar. Encantadas de recibir imágenes sin coste: ahorro de equipos y de transmisión. La información, como tantas veces, es lo de menos.
Partido Popular y PSOE prohíben a las televisiones rodar sus propias imágenes del interior del mítin. El BNG proporciona por primera vez señal propia pero no ha llegado a prohibir a las televisiones rodar sus propios planos.
PP y BNG utilizan cuatro cámaras por mítin y el PSOE, 3. El coste estimado por retransmisión (satélite incluido) es de más de 5.000 euros que las televisiones están encantadas de ahorrarse a costa de la información, aunque es cierto que poca información se puede sacar de un mítin.
En una campaña en la que el actual presidente de la Xunta se ha negado a debatir con los otros candidatos y donde se han visto ruedas de prensa sin preguntas, como también ocurrió en la campaña del 14M, sólo responsables de los informativos de TVE en Galicia se han quejado.
El Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia ha afirmado que estas prácticas afectan al rigor y a la calidad de la información, pero no ha habido ninguna protesta profesional formal, ni por parte de los periodistas ni por las televisiones.
La emisión de una señal única de los mítines por los partidos es pura propaganda. Los políticos se reservan el control de la imagen, de los gestos, de la escenografía, de los asistentes (número, actitud, atención, etc.) y desvirtúan el mensaje y la información.
La señal de los partidos convierte la cobertura de los actos electorales en un cartel, un anuncio más que no aporta información a los ciudadanos. Todo el (supuesto) esfuerzo profesional por abundar en la realidad de los programas y la personalidad de los candidatos queda aplastada por el peso de los lemas y las consignas. Las frases de campaña se repiten machaconamente en la campaña y son los políticos y sus asesores quienes controlan la información, no los periodistas.
El telespectador no accede a la realidad de los actos --o al menos a su interpretación profesional--, sino que recibe propaganda disfrazada.
La situación se agrava por la obligación de las televisiones públicas de hacer una cobertura aséptica y que respete la asignación de tiempos en función de los resultados de las anteriores elecciones, como acaba de recordar la Junta Electoral Central.
¿Deben las televisiones aceptar este chantaje?
Si respetaran sus servicios informativos no lo harían. También los profesionales deberían protestar formalmente como hicieron los catalanes en las elecciones autonómicas del pasado año, cuando tanto el Consell de l´Audiovisual como el Síndic de Greuges denunciaron estas prácticas.
¿Tienen sentido estas medidas y este tipo de campaña?
Los políticos usan los medios para la propaganda y los medios son responsables de ofrecer información. Los públicos están sujetos a normas que deberían regular los espacios gratuitos de los partidos, pero no impedir la aplicación de criterios profesionales. Al hacerlo, como ha recordado la Junta Electoral Central, desvirtúa la información y la entiende como propaganda, con lo que condena a la irrelevancia informativa a la radiotelevisión pública.
P21 | 14M, Promesas, propaganda e irresponsabilidad
P21 | 14M, Una campaña con pocas novedades
