Gran Bretaña aprueba con toda urgencia su ley de economía digital (Digital Economy Bill) para perseguir las descargas en internet. Pero con tanta prisa por el camino han quedado algunas de las medidas más importantes propuestas en el proyecto inicial.
No habrá impuesto de seis libras anuales sobre los teléfonos fijos para crear redes de nueva generación de banda ancha. El regulador Ofcom también pierde su poder para promover la información local y ampliar sus competencias. Las obras huérfanas no podrán ser utilizadas a través de una nueva licencia, una medida impulsada con la oposición de los fotógrafos y otros colectivos.
Conclusión: la prisa para aprobar la respuesta graduada y la desconexión a los usuarios de descargas y p2p refuerza el control de la propiedad intelectual en internet y acaba con las medidas para ampliar la sociedad de la información y el acceso a los contenidos digitales.
Como en el caso español, la redacción de la ley es tan abierta que no tipifica bien cuáles son las infracciones a la propiedad intelectual que se pueden perseguir y atañe a las que "sean o es probable que sean utilizadas para o en conexión con actividades que infringen el copyright". Como el daño patrimonial previsto por los demandantes en la Ley de Economía Sostenible.
En definitiva, un sistema de vigilancia y sospecha permanente sobre los usuarios y los nuevos negocios de la web con una legislación abusiva, diseñada para proteger derechos económicos frente a los derechos de todos.
