Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, es una política de buen ojo y cintura de delantero rápido y pillo. Ha visto el hueco del lío audiovisual y la bronca montada a cuenta de la nueva ley catalana y se ha apresurado a anunciar la supresión del Consejo Audiovisual de Madrid, creado en 2001 por su antecesor, enemigo político y ahora alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.
El resultado, los medios audiovisuales madrileños quedan bajo la supervisión directa del gobierno de la Comunidad para su concesión y funcionamiento administrativo, y de los jueces para cuestiones delictivas, civiles o penales.
Aguirre se apunta un tanto para aplauso general de los medios amigos. Refuerza ante la confiada opinión pública su imagen de líder liberal y da unos cuantos puyazos a queridos compañeros y enemigos, por aquello de ir ganando imagen pública por lo que pueda ser.
Dice Aguirre que lo hace para que sólo los jueces decidan sobre los contenidos de las televisiones y para evitar injerencias políticas. Será jaleada por sus partidarios, pero la jugada de la presidenta madrileña es driblar y amagar para esconder la pelota.
Aguirre cercena el desarrollo en Madrid de un órgano audiovisual independiente y retiene todas las competencias de control y vigilancia en el gobierno autónomo y la comisión técnica.
Lo que se vende como un triunfo de la libertad para los medios en realidad los somete administrativamente al ejecutivo sin órgano alguno de consejo ni intermediación. La veracidad es cosa de los jueces, pero las licencias son del gobierno regional.
La Ley de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de 2001 no desarrolla un sistema de control como el de la nueva ley catalana, se parece mucho más a la anterior y a la que rige en otros países europeos o en Navarra y Andalucía.
Regula los medios audiovisuales de acuerdo a la directiva europea de Televisión sin Fronteras, que está también en reforma, y somete radios y televisiones a principios generales de control, fundamentalmente protección de los menores, pluralismo, respeto a la intimidad y el honor, e introduce alusiones a la veracidad y a la separación de información y opinión sin el desarrollo de las funciones de vigilancia que tiene el nuevo Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
El Consejo Audiovisual de Madrid es puramente consultivo y no ha funcionado por falta de interés de los políticos. Cuando Esperanza Aguirre ha querido meter mano en el audiovisual lo ha hecho sin remilgos. Bien desafiando al gobierno central con la creación de un segundo canal autonómico, La Otra, o concediendo licencias muy sospechosas para el pluralismo.
Las autoridades audiovisuales independientes son una necesidad para un sector muy regulado y necesitado de licencias para un sistema que se va quedando viejo. Afortunadamente las ondas son cada día menos importantes, la televisión y la radio por internet, cable y satélite son el futuro, y ahí no hay licencia que valga porque no hay ocupación de espacio público.
Pero las licencias pervivirán porque la televisión y la radio por ondas, sean analógicas o digitales, existirán. Y para esa regulación lo mejor es que los políticos creen autoridades lo más independientes posible, con participación del sector, los profesionales y el público.
Pero no basta. Si Esperanza Aguirre quiere liberalizar el audiovisual madrileño lo mejor no es cerrar el consejo, sino independizarlo realmente y darle los poderes que ahora detenta el gobierno. Esos no cambian. Esperanza sabe lo que quiere.
P21 | Divididos entre la libertad y la tutela
