Los grupos parlamentarios han aprobado una moción para que sólo los jueces puedan cerrar páginas webs. Una iniciativa del PP apoyada por todos los grupos parlamentarios después de las protestas y la presión de los internautas contra la medida recogida en la ley de economía sostenible.
Habrá que ver cómo se materializa el cambio en la propuesta de ley, que en su última versión requería autorización de la Audiencia Nacional para tomar medidas cautelares. El texto de la moción exige "la garantía de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción del servicio o la retirada de contenidos". Una garantía ya recogida la última propuesta socialista.
Por eso no es de extrañar que todos los grupos se sumen a la moción del PP que cumple con sus promesas a los contrarios a la nueva legislación.
Coincido con las críticas de la diputada Montse Surroca (CiU) cuando se queja de que la moción del PP no aclara nada de una discusión que aún está por abordar en el Congreso. Hasta el PSOE habría prometido que se garantizaría la tutela judicial.
Pero el desafío es eliminar esta disposición de la ley de economía sostenible y abordar un cambio profundo de la legislación de propiedad intelectual, en discusión en estos momentos en la Cámara.
Ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual, tanto la SGAE y otras gestoras de derechos, como los editores de libros y la prensa han reclamado un endurecimiento de las restricciones de acceso y uso de los contenidos inviables y dañinas para la cultura y la ciudadanía digital.
PNV, ERC y BNG han reclamado esa redefinición de unos derechos sobrepasados por la tecnología y que deben adecuarse a la realidad del mercado y el consumo de contenidos en la era digital.
Es hora de un nuevo consenso para enlazar y por el derecho de cita, derechos más abiertos y flexibles para el consumo privado y el uso de las obras sin ánimo de lucro.
Es indispensable acabar con el monopolio de las entidades colectivas de gestión de derechos y hacer más transparente su gestión, además de reformar el canon digital y garantizar el derecho a copia privada de los usuarios.
Pero además es imprescindible una defensa más activa del dominio público y el procomún con una gestión más abierta y participativa, que no excluya la explotación comercial pero garantice el acceso de los ciudadanos a la información, la ciencia y la cultura. Y en especial a todas las obras financiadas con dinero público.
Y, por supuesto, garantizar el secreto de las comunicaciones y el sostenimiento de la neutralidad de la Red para que no sufran limitaciones de acceso por intereses comerciales.
Es hora de repensar en el futuro y la sostenibilidad de un sistema obsoleto.
