Los periodistas tienen dos viejas y nefastas manías. La primera es hacer mal el seguimiento de muchas informaciones y abandonarlas sin que el público llegue a saber cómo acabaron los acontecimientos que un día fueron noticia. La segunda es olvidarse o esconder sus propios errores o las reparaciones a las víctimas de informaciones inexactas o falsas.
La Defensora del Lector de El País, Milagros Pérez Oliva cae en la cuenta (¡menos mal, nunca es tarde!), y aterriza en el siglo XXI de repente: internet es un gigante archivo, el mayor que hemos tenido nunca.
Pero aterriza a medias y culpa a Google de los errores de El País, tanto de su responsabilidad periodística como tecnológica.
Los medios también son amigos de matar al mensajero. El error y el deber de rectificación de la información es del diario, pero su Defensora del Lector culpa a Google porque indexa ese contenido mientras está disponible en la web.
"La pelota está pues en el tejado de Google", dice Pérez Oliva después de que una representante de su servicio jurídico, Ana Ramos declare:
"El País no puede de ningún modo modificar sus archivos. Eso sería falsear la historia. Los archivos son intocables. El problema radica en la facilidad con la que Google o cualquier buscador los hace accesibles, y el modo en el que lo hace. Es Google quien establece la selección de las noticias que aparecen".
Pero no es necesario modificar los archivos.
En internet la información es un proceso. A diferencia del papel, un contenido se puede actualizar, ampliar o corregir en la misma página o con un simple enlace.
Ese es un deber de los periodistas y los medios digitales. No se modifica el archivo, pero se actualiza la información. Es lo que en su día reconocieron los responsables de Prisacom.
Muchos medios no lo hacen, pero es un error porque la información es asincrónica en la web, a diferencia del diario.
La otra opción es usar los mecanismos que los buscadores ponen a disposición de los webmasters para evitar la indexación de algunas páginas.
La resolución de la Agencia Española de Protección de Datos citada por la Defensora del Lector desestima la petición de retirar los datos personales de una información concreta porque en su día fueron de interés público y están protegidos por la libertad de información y el artículo 20 de la Constitución, pero la Agencia insta a El País a utilizar los mecanismos de la web para evitar y corregir estos fallos.
A Google le exige que no mantenga el error en su caché o en sus índices de acuerdo al deber de corrección que impone la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
"Deberíamos extremar el cuidado en el tratamiento de los datos privados de las personas que aparecen en las informaciones. Y, desde luego, deberíamos poner fin a la tolerancia con que permitimos ciertas carencias en nuestro trabajo, como la de no hacer siempre un seguimiento de las noticias que publicamos", concluye la Defensora.
Esa es la primera y radical responsabilidad de los periodistas y los medios, y no es eximente ninguna otra responsabilidad añadida de los buscadores u otros servicios tecnológicos.
