A nadie convence la nueva financiación de RTVE. A las objeciones de la Comisión Europea y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) se une ahora la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al afirmar que es "susceptible de crear asimetrías en los distintos mercados a los que afecta" y cuestionar que se pueda imponer un impuesto a las telecomunicaciones por un negocio que no es el suyo.
Como ya comenté en su día, la exclusión de la tasa de RTVE a las televisiones locales y autonómicas, incluidas el resto de las públicas, no es aceptable a no ser que se optara por un sistema progresivo y no lineal en función de los beneficios de las televisiones y no de su ámbito territorial.
Esa progresividad podría acabar además la disputa sobre el otro gran olvidado en la ley audiovisual, que incluye la financiación de la radiotelevisión pública estatal: los servicios audiovisuales online, tanto la IPTV como la internet TV y los servicios que llegarán con la convergencia de la televisión e internet en las nuevas plataformas.
Otra opción, como propone Ángel García Castillejo, consejero de la CMT, en un análisis sobre la televisión pública que se publica la semana que viene en Cuadernos Evoca, es "la introducción, como ya ocurre en los países de nuestro entorno europeo, de un canon para la financiación de la Corporación RTVE". Castillejo reconoce que "la introducción del canon para la financiación de la radiotelevisión pública en España, seguro que no es una medida fácil, pero estoy seguro que es una medida responsable y coherente con la defensa de un servicio público de radiotelevisivo fuerte, independiente, de calidad y en convivencia adecuada con el resto de operadores audiovisuales españoles".
La CMT ya propuso en su informe sobre la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española una alternativa con la creación de un canon por utilización del espectro radioeléctrico que podría llegar a 418 millones de euros anuales, 98 millones más que los 320 millones ya previstos en la nueva financiación de RTVE y podría reducir los 230 millones que se espera recaudar de la nueva tasa impuesta a las telecos.
La financiación de los 1.200 millones de presupuesto de RTVE para este 2010 y 2011 no garantiza la financiación futura ni los criterios de eficiencia económica que se deben exigir a la Corporación.
El telestado costó en 2009 casi 126 euros por hogar, 87,6 euros sólo en subvenciones: 1.450,4 millones de euros del erario público para la radiotelevisión estatal y las autonómicas, excluidas de la propuesta de financiación frenada por la Comisión Europea.
El servicio público de radiotelevisión no es sostenible, ni mucho menos responsable y eficiente, si no es transparente y se rinden cuentas a los ciudadanos de su coste.
Pero además, como también reflexiona García Castillejo en el artículo que aparecerá la semana próxima en Evoca, y se une ahora la CNC, es preciso definir claramente el servicio público y evitar que la presión de las cadenas comerciales lo amenace o se llegue a un reclamo de que sea prestado por las privadas, a imitación del servicio universal de telecomunicaciones.
A esa encrucijada hemos llegado.
Mientras, los anunciantes siguen quejándose de la pérdida de uno de los principales soportes publicitarios, del encarecimiento de la publicidad en las televisiones privadas y de la desaparición de los GRPs.
Puede discutirse si hay que mantener el servicio público de radiotelevisión. Pero si pervive debe ser sostenible, transparente y eficiente, tanto social como económicamente. Y también como motor del sector y la convergencia.
Esa es la línea estratégica que acaba de decidir la BBC. Más austeridad, responsabilidad económica y social, contenidos de calidad y una BBC abierta e innovadora que impulse el desarrollo del resto de sector.
En definitiva, avanzar hacia un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales. Donde el acceso a contenidos de servicio público incluya la información, la cultura, la ciencia y los contenidos sociales y participativos relevantes.
La redefinición del servicio público en la era digital y la sostenibilidad, progresividad y transparencia de su financiación son la respuesta al cuestionamiento de una financiación que no despeja el futuro de RTVE ni del resto del sistema público audiovisual.
CN Competencia. Informe financiacion RTVE
