Rafael Simancas defiende en Público su iniciativa parlamentaria para “liderar una estrategia para la protección de la propiedad intelectual” y uno se pregunta cuándo un político liderará la promoción de la cultura y la ciencia libres, abiertas y participativas.
Ciencia y cultura popular, ahora que disponemos de las herramientas para hacerlas llegar más rápido a más personas que nunca, en lugar de encapsularlas en una propiedad intelectual abusiva y en los intereses de las grandes empresas.
No dejamos de destinar dinero a esa cultura de la que habla Simancas (siempre olvidan la ciencia), pero la Filarmónica de Berlín comienza a ofrecer sus conciertos en directo en Internet y nuestras orquestas nacionales, autonómicas y municipales todavía no lo hacen.
Somos los europeos con menos fondos públicos digitalizados y nos faltan iniciativas de ciencia abierta como la lanzada por la Comisión Europea este año para garantizar el acceso a las investigaciones científicas financiadas con fondos europeos y lograr su revisión en la Red por otros científicos para aumentar la innovación y el conocimiento.
Una política recomendada también por organismos como la OCDE.
Pero en España seguimos financiando con un 25% del gasto total en cultura eso que llaman creadores y que más bien son productoras y comercializadoras.
¿Cuántas de esas obras financiadas con el dinero de todos son de dominio público?
¿Cuántas se exhiben o son de acceso gratuito por las ayudas que reciben?
La respuesta es que en conciertos y espectáculos en directo, algunas. Cuando hablamos de obras editadas, en soporte físico yo digital, una insignificancia. Ni siquiera los informes de los poderes públicos.
Vivimos en un país donde el Gobierno no aprueba una ley de acceso a la información como la existente en casi todos los países europeos, donde las entidades de gestión de derechos de autor no son auditadas por el Ejecutivo como establece la ley, donde una sentencia tras otra los jueces repiten que compartir obras digitales entre usuarios privados no es delito cuando no hay ánimo de lucro, donde se pueden comprar en centros comerciales música y cine a menos precio que en las tiendas digitales y donde los informes no controlados por los lobbies de la propiedad intelectual los expertos –en contenidos y en derecho, el último, el Libro Blanco de los Contenidos Digitales del Ministerio de Industria– vuelven a recomendar un cambio de modelo de negocio y proteger a los autores y las obras, no a los soportes.
Ni caso.
Es más fácil perseguir y ponerse la chapa de defensores de una cultura que excluye y penaliza a una sociedad de autores enorme: la de los ciudadanos que publican y cuelgan sus contenidos en Internet sólo por el placer de compartirlos.
Columna en el diario Público
