Es más fácil perseguir a los ciudadanos que fomentar una ciencia y una cultura más participativas y abiertas. Y es más fácil y rápido hacerlo sin control judicial. El beneficio de unos pocos se impone a los derechos de todos y los intereses particulares amenazan los derechos fundamentales. Los gobiernos europeos vuelven a abrir el paso para perseguir las actividades de los ciudadanos en internet sin orden judicial. La llamada respuesta graduada defendida por Francia contra el intercambio de archivos (P2P), que convierte a las operadoras en ciberpolicías con control sobre la actividad de los usuarios y obligación de desconectarlos si descargan contenidos protegidos por derechos de autor.
“Ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales ha de ser impuesta sin la resolución previa de las autoridades judiciales”, es la enmienda 138, apoyada por 573 votos frente a 74 en el Parlamento Europeo y respaldada por la Comisión. Pero los Gobiernos son incapaces de promover una auténtica Europa digital y la olvidan frente a las presiones de los lobbies de la propiedad intelectual.
Los ministros de Cultura reconocían hace 15 días la proporcionalidad entre derechos ciudadanos y las demandas de autores y sociedades de gestión, la necesidad de mejorar la oferta y promover un cambio de negocio. El Congreso español votó la semana pasada una iniciativa que defiende “una estrategia consensuada” y el “impulso al desarrollo de nuevos modelos de negocio plenamente adaptados al entorno digital”.
Pero los gobiernos favorecen a una industria de contenidos que comercializa música para móviles, abre servicios de suscripción por contenidos, aprovecha los vídeos subidos por fans de series de televisión para cobrar publicidad o recibe fondos públicos sin obligación de compartir la cultura y la investigación científica que los ciudadanos pagan y protegen con sus impuestos. Y, encima el canon digital, un impuesto privado e indiscriminado.
Ni proporcionalidad, ni nueva política cultural ni científica, ni modernización de una industria obsoleta: perseguir es más fácil. La propiedad mal entendida se impone a los derechos y libertades fundamentales, como denuncian asociaciones como las de consumidores (Facua) o las defensoras del software libre (Hispalinux). Se priman contenidos con derechos de autor restrictivos frente a los de dominio público y compartidos entre usuarios para uso privado o sin ánimo de lucro. Y todo sin contraprestación. ¿Qué reciben los ciudadanos a cambio de su libertad y sus impuestos? Más servicios de pago, más restricciones de uso e investigación, un espacio público empequeñecido y privatizado, y una Internet dominada por la comercialización. ¿Es ésta la Europa 3.0 que queremos?
Columna en Público
