RTVE corre el peligro de no poder pagar las nóminas antes de final de año. La crisis provocada por la eliminación de la publicidad es acuciante. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) revisará las liquidaciones de las cadenas privadas y de las operadoras de telecomunicaciones mientras el Tribunal de Justicia Europea resuelve la legalidad de una financiación que el Gobierno sigue defendiendo con más resignación que convencimiento.
Al Ejecutivo no le queda más remedio que parchear la ley. No puede volver a la publicidad pese a las demandas de los anunciantes ni aumentar las subvenciones -550 millones de un presupuesto anual de 1.200- sin un enorme coste político.
Sólo el aumento de ingresos por patrocinios y las donaciones pueden salvar las cuentas de RTVE y al Ejecutivo. Diversas fuentes calculan en 200 millones la recaudación posible por esos conceptos. Pero la reforma de la ley de financiación es insoslayable, para el gobierno del PSOE o para uno del PP que defiende la privatización de las autonómicas y la reducción de la estatal.
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