El gobierno corre al rescate de la televisión en tiempos de crisis y fortalece a las públicas y a las privadas. Ya saben, es lo más importante para el Ministerio de Industria, no vaya a ser que caiga uno de los magnos poderes de la videocracia.
El Consejo de Ministros aumenta por real decreto del 5 al 25% el tope de participación entre operadores de televisión, el límite para ser dueño de varias cadenas. E introduce una nueva barrera de audiencia: prohibido superar el 27% de la audiencia total.
¿Qué pasa si después se supera ese límite? ¿Habrá que desinvertir? ¿No crea esta limitación dinámica inseguridad jurídica?
El decreto garantiza la presencia en todos los territorios de al menos tres cadenas privadas estatales. Dos de las actuales pueden fusionarse: una posibilidad interesante con la caída de los beneficios y la fragmentación de audiencias.
La nueva norma también actualiza las limitaciones en la era de la televisión digital terrestre (TDT): no se podrán tener más de dos multiplex de cobertura estatal y otro autonómico.
Pero la ley también obliga a los operadores de TDT a integrar sus canales en al menos una plataforma de satélite o cable para garantizar la cobertura de la televisión digital en todo el territorio.
Los límites para la televisión pública son laxos y no contentarán a las privadas ni amplían el pluralismo televisivo.
El Estado sólo podrá acaparar el 25% del espacio radioeléctrico, pero para las televisiones autonómicas y locales ese límite se amplía al 50%. El poder del telestado autonómico sigue a salvo y los políticos no están dispuestos a reducir su enorme poder a través de la caja boba.
La videocracia se moderniza para no perder poder ni negocio.
