Muy pocas ideas. Es la conclusión de leer a José María Lassalle, secretario de Cultura del PP, cuando pide "más libertad, propiedad y legalidad" en un artículo en El País sobre la disposición adicional de la ley de economía sostenible para perseguir webs administrativamente y el debate surtido a partir del manifiesto.
Como ya había ocurrido con el artículo de su homólogo en el PSOE, José Andrés Torres Mora (mi respuesta), sobran palabras y faltan ideas y compromisos.
Es desolador ver cómo las declaraciones públicas de los políticos y legisladores españoles están tan vacías de contenido y no recogen lo sustancial de la inspiración de las leyes ni de los debates sobre estas cuestiones europeos y mundiales.
Desconsuela también la falta de reflejo en las ideas de los políticos de los esfuerzos hechos por quienes apoyan el Manifiesto para transmitir a los partidos algunas ideas.
Lassalle reclama "transparencia a un debate legal, amplio, específico y pormenorizado que trate de encontrar un punto de equilibrio y de justicia". Necesario para no colar legislación fundamental y de futuro por la puesta de atrás del Parlamento. Pero también hacen falta propuestas.
Las del PP parten de "una regulación de los derechos de autor que, al mismo tiempo, sea capaz de proteger efectivamente a las industrias de contenidos; de abaratar el ADSL; de favorecer decididamente los nuevos modelos de negocio en la Red y, finalmente, de fijar un marco de garantías legales y judiciales que permita a los usuarios de Internet sentirse protegidos en sus derechos".
Un marco, pero ¿y las medidas concretas? Los ciudadanos tienen derecho a conocer las medidas del gobierno, pero también las propuestas de una oposición que ondeó la bandera anti canon digital pero ha aprobado las leyes de propiedad intelectual y el paquete telecom en Europa.
Ni rastro de propuestas concretas en una discusión perdida en presiones de la gran industria de los contenidos, el partidismo y las promesas de consenso.
Se echa de menos que los partidos recojan al menos las inquietudes y propuestas del Libro Verde de Derechos de Autor en la Economía del Conocimiento europeo sobre el derecho de acceso de los ciudadanos y las excepciones a los derechos de autor para las bibliotecas y archivos, las obras huérfanas, la difusión de obras con fines educativos y de investigación, la ciencia abierta, las personas con minusvalías,la adopción de nuevos derechos de autor flexibles y el copyleft o para el uso o la remezcla de obras en los contenidos de los usuarios, el llamado uso transformador.
Tampoco hay propuestas sobre cómo desarrollar las prioridades digitales fijadas por la Comisión Europea: mercado único, menos fragmentación de los derechos, fomentar la digitalización o lograr acuerdos sobre obras huérfanas y descatalogadas.
El PP pide "liderazgo". Pero no parece tener uno alternativo en este tema.
Lassalle tampoco aporta propuestas sobre ampliación y buena gestión del dominio público, los procomunes, las licencias abiertas y el copyleft, la ley de acceso a la información pública y la transparencia de la administración, etc.
Lassalle reclama que se "despolitice la cultura: evitar su ideologización partidista". Quizá sería mejor si el partidismo de los políticos no les impidiese acercarse a otras ideas y a un debate creativo para uno de los grandes temas de la sociedad y la economía digital.
