La Coalición de Creadores e Industria de Contenidos se equivoca. Tanto que pierde razón y apoyos. Esta mañana se han reunido en Madrid con el objetivo de presionar al Gobierno para que mantenga la disposición de la ley de economía sostenible que permite cerrar webs sin orden judicial.
A pesar de las manifestaciones en contra del propio presidente del Gobierno y de su partido. Lo mismo nos han expresado los grupos parlamentarios de PP, CiU, IU y Coalición Canaria a los representantes del manifiesto en defensa de internet.
Muchos coincidimos en una reivindicación de la Coalición: los autores y las productoras y distribuidores tienen derecho a beneficiarse económicamente de su trabajo. Pero discrepamos en acotar administrativamente los derechos fundamentales de los usuarios de internet y recordamos que las leyes para la persecución de quienes abusan comercialmente de las creaciones propiedad de otros ya existen.
En su Carta abierta al Presidente del Gobierno (pdf), la Coalición emplea argumentos falaces y medias verdades.
"Somos trabajadores de la cultura y nos sentimos orgullosos de serlo". Se olvidan de citar a la patronal allí representada. Y a la industria del entretenimiento, en algunos casos cultura y en otros más bien no.
"Para nosotros es un privilegio compartir con nuestro público el resultado de nuestra labor". Sería más creíble si las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor no se empleasen en su función de una forma tan leonina, muchas veces estrechando el espacio y el dominio público hasta la insignificancia.
"Respetamos a quienes deseen incrementar la difusión de sus creaciones mediante su libre distribución". Nadie recuerda el apoyo de la coalición, de la industria del entretenimiento ni de las entidades de gestión al copyleft y a las licencias flexibles como Creative Commons, arrumbadas en una disposición adicional de la Ley de Servicios la Sociedad de la Información.
Todo lo contrario de quienes estamos defendiendo el manifiesto para evitar los excesos en la protección de la propiedad intelectual.
El presidente de la Coalición de Creadores, Aldo Olcese, afirma que "no vamos a dialogar con grupos aislados que no se sabe bien a quien representan".
Nos representamos a nosotros mismos y a las muchas personas que apoyan el manifiesto. Si la Coalición pregunta a los políticos con quienes nos hemos reunido, les aclararán que así nos presentamos a esas reuniones, sin arrogarnos ninguna representatividad mayor.
Esas declaraciones indican lo poco que entienden internet, el espacio público y los mecanismos de participación que ha hecho posibles. Si el viejo negocio de los contenidos está cuestionado por otras formas de acceso y consumo, a la representatividad tradicional le ocurre lo mismo.
El manifiesto demuestra el poder de la comunicación y la participación directa y colectiva. Así se gestó y se redactó. Y así se está defendiendo, con la participación directa de varios de sus redactores y la colectiva, directa y viral de quienes lo apoyan.
A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de participación, quienes estamos representando estas inquietudes hemos acordado:
no arrogarnos representaciones que no tenemos;
abrir estas reuniones a todos los que quieran participar, el grupo que acude no es fijo ni cerrado, y sólo limitado por operatividad;
defender colectivamente sólo el rechazo a la rebaja de los derechos fundamentales, mientras otros elementos como los referidos a la reforma de la propiedad intelectual los expresamos a título individual, a pesar de nuestra coincidencia en muchos puntos;
total transparencia de las reuniones y sus contenidos, y de ahí la comunicación directa en Twitter y nuestros blogs para que todo el mundo pueda estar informado de esas gestiones.
También somos una coalición, sólo de ciudadanos, con el poder y los derechos de la ciudadanía, empeñados en hacernos oír con la fuerza de la participación directa y las herramientas de la ciudadanía digital.
Si la Coalición quiere oírnos estaremos encantados de volver a dejar claro que no queremos arrebatar a nadie sus derechos de autor, pero tampoco reducir los derechos de los usuarios y consumidores. Del acceso a la copia privada hasta el secreto de las comunicaciones.
El problema no son los "titubeos del Gobierno", como dicen los representantes de la Coalición, sino la inseguridad jurídica creada con una superposición de leyes que no recogen adecuadamente los cambios en los derechos, la creación, el consumo y el acceso a los contenidos, de entretenimiento, informativos o culturales.
Esa fue la oportunidad perdida en la discusión del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, lo mismo que ocurre en Europa con las consultas sobre mercado único de contenidos digitales, reforma de los derechos de autor, etc.
Seguramente con menos presiones de los lobbies, más reflexión para llegar a acuerdos, un ámbito legislativo adecuado a la realidad y una voluntad de reestructuración mayor de la industria cultural y del entretenimiento, algunas de las confusiones y desacuerdos de hoy no se habrían producido.
El debate sobre propiedad intelectual que se está produciendo en el Congreso es una nueva oportunidad. Veremos si esta vez se aprovecha o volvemos a situaciones como la del paquete telecom, aprobado en el Parlamento Europeo con más presiones que visión.
