PSOE y PP pactan el estatuto valenciano sacrificando el pluralismo político. Los dos grandes partidos mantendrán la barrera electoral del 5% de los votos en la ley electoral autonómica para evitar la entrada de partidos minoritarios en las cortes valencianas.
Las disensiones y las peleas por las reformas estatutarias se solventan allá donde se puede reforzando el bipartidismo y oyendo los cantos sempiternos de quienes aceptan de mal grado el diálogo y ven un país en blanco y negro.
La Constitución y la ley electoral marcan el 3% como límite de representatividad, una barrera casi técnica en el sistema electoral español y, por tanto, innecesaria.
Pero cuando se aumenta esa barrera en circunscripciones más pequeñas, como las autonómicas, se limita la entrada en las instituciones de representantes que conseguirían algún escaño con la aplicación de la ley D´Hont, que ya refuerza la proporcionalidad de la representación. Esos candidatos, sus votantes y las ideas que representan quedan fuera de un sistema que reduce su representatividad y pluralismo.
En el caso valenciano perjudica a los pequeños partidos nacionalistas, pero también a cualquiera que decida presentarse en representación de cualquier colectivo o ideas.
Mantener la barrera del 3% en el estatuto valenciano no alteraría las mayorías, pero permitiría tener a otras voces y otros ciudadanos representados y activos en los órganos democráticos. Incluso permitiría que algún partido pequeño pudiese llegar a aliarse con uno de los grandes para formar gobierno.
Muchos ven esa posibilidad como una amenaza en una coyuntura de fuerte presencia nacionalista mientras otros creen que esos cambios permiten formar mayorías con otros criterios e intereses.
A los grandes partidos les resulta fácil pactar en contra de las minorías, pero una democracia sin minorías es menos representativa e integra peor a sus ciudadanos que una donde la representación sea más amplia.
Por cierto que el respeto a las minorías de los mayoritarios se pudo ver en la vergonzosa utilización de enmiendas de los partidos minoritarios en la Comisión Constitucional para realizar el chalaneo. Alfonso Guerra, presidente de la Comisión, consintió ese fraude del espíritu del reglamento parlamentario.
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