La economía digital española aún es muy débil. A pesar del crecimiento de los últimos años sólo alcanza el 2,2% del PIB, 23.400 millones de euros, según el estudio de España conecta, de Google y The Boston Consulting Group.
El mismo estudio se publicó en Gran Bretaña hace unos meses con un resultado muy distinto: una economía digital vibrante, ya con el 7,2% de peso en el total. Una fortaleza que llevó a titular el informe El reino conectado.
Por aquí nos quedaríamos muy lejos de ese Camelot digital. En Ínsula Barataria, un lugar donde a muchos les sobra el don como a Sancho Panza. Una península con más piedras que dones, con permiso de Cervantes.
Pero también en un mercado oligopólico y con grandes barreras de entrada. Empantanado en debates improductivos y equivocados como la ley Sinde. Con muchas restricciones legales y de derechos que dificultan lanzar nuevas empresas de contenidos y servicios digitales, fuerte retraso en la inversión publicitaria digital y baja formación y desarrollo de las tecnologías en la mayoría de las empresas.
Problemas que ni el Plan Avanza ni las leyes han mejorado lo suficiente. Las barreras para la sociedad de la información siguen siendo altas y su mejora, lenta.
El motor de la economía digital española está en el consumo. Importante, pero no suficiente para incorporarnos a una economía productiva con futuro.
Pymes, emprendedores e innovadores tecnológicos empujan la economía digital, pero es hora de un auténtico pacto de estado, político, legislativo y económico para que España no vuelva a quedar con un ancho de vía insuficiente en las nuevas redes.
