Los particulares pagarán el canon. Empresas, profesionales y administraciones, no. Si la sentencia europea es ratificada por la Audiencia de Barcelona se remedia media injusticia, pero los consumidores seguirán obligados a abonar por la copia privada aunque utilicen los equipos y dispositivos gravados por el canon para sus propios y legítimos contenidos o para los no sometidos a derechos de autor como los de dominio público.
Piratas condenados a su pesar sin derecho de defensa.
En una sociedad de autores como la nuestra, cuando los ciudadanos usan cada vez más dispositivos y soportes digitales para su formación, su entretenimiento, su trabajo, su vida privada, etc. la presunción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que "la mera capacidad de dichos equipos o aparatos para realizar copias basta para justificar la aplicación del canon" es un insulto a los derechos de los ciudadanos y un castigo más a su economía.
El consumidor siempre paga. Y es condenado de antemano pese a la pulsión del hiperconsumo provocado por la propia industria del entretenimiento. La sentencia europea confirma el abuso ya cometido en la Ley de Propiedad Intelectual con una compensación equitativa a favor de los propietarios de los derechos. La injusticia de un doble pago que no detiene la revolución tecnológica, cultural y de consumo ni la crisis del negocio de las industrias basadas en la copia.
Vivimos en un mundo de ubicuidad permanente, donde contenidos y obras –especialmente las de entretenimiento- están por todas partes, disponibles en soportes físicos, pero también en la nube (cloud computing), se accede a ellas cada vez más por streaming (sin descarga) y aumenta día a día la oferta financiada por publicidad a cambio de los datos personales de los usuarios o con modelos de suscripción de pago. Negocios como los vídeos y la música directamente en internet o en los móviles ya no están basados en la copia.
Pero sociedades de gestión y los gobiernos no quieren perder tiempo en comprobar quién copia qué. Ya buscan alternativas al indiscriminado sistema actual para evitar la avalancha de compradores pidiendo factura a nombre de empresas (propias, de amigos o familiares) que provocaría un colapso en las tiendas y en el propio sistema del canon.
Sin canon de administración y empresas, los principales paganos, los ingresos por derechos de autor se reducirán. Por eso se promueven alternativas como una tasa sobre internet o un nuevo impuesto para compensar a los autores. Evasivas para no repensar con seriedad la propiedad intelectual y los derechos de autor, necesitados de un consenso que no grave la copia privada ni su uso justo. Donde el disfrute de los contenidos legalmente adquiridos en cualquier dispositivo sea un derecho de los consumidores. Sin recargo en el PVP.
Análisis en los diarios de Vocento