El dinero del estado es de los ciudadanos. Esta verdad tan de perogrullo es olvidada por los gobiernos, celosos del poder de control de las cuentas públicas. Ahora que estamos en plena discusión de los Presupuestos del Estado se publica el informe anual de Open Budget, la Encuesta de Presupuesto Abierto que vuelve a mostrar la opacidad y baja participación del proceso presupuestario español.
El estudio revela la inexistencia de un documento preliminar ni un presupuesto ciudadano que permita la consulta y participación de los contribuyentes, el sistema legislativo es opaco a las consultas con expertos y sociedad independientes, no es revisable durante la ejecución y los organismos de control como el Tribunal de Cuentas son lentos e ineficaces.
Un desastre habitual la mayoría de los países que muestra la opacidad del manejo del dinero público y la escasa evolución de la apertura democrática y el aprovechamiento de las tecnologías para la participación.
La rendición de cuentas y los presupuestos participativos son uno de los principios fundamentales de un gobierno abierto. En algunos municipios están en marcha, aunque con desiguales resultados.
En otros países como Estados Unidos, la transparencia en los presupuestos para atajar la crisis impulsó algunas iniciativas para el conocimiento de los ciudadanos de dónde se gasta su dinero.
Los presupuestos abiertos y participativos son una de las herramientas fundamentales para la conversión del aparato de la administración pública -estatal, autonómica y local- en una plataforma pública y abierta para la gestión y la innovación social.
El estudio de Presupuesto Abierto sitúa a España en el puesto 17 de la clasificación internacional. Compartimos poca transparencia, escasa eficacia y flexibilidad legislativa y de control. No deberíamos conformarnos.
Las recomendaciones son sencillas: publicar un documento presupuestario preliminar; un presupuesto ciudadano -sencillo y accesible- y una revisión semestral; facilitar oportunidades para que el público en general pueda presenciar las audiencias del legislativo sobre presupuestos; aumentar los poderes del legislativo y del Tribunal de Cuentas para permitir una supervisión integral del proceso presupuestario.
Manos a la obra, por una democracia mejor y más abierta.
