El PSOE se ha negado a votar a favor de una ley para retirar los símbolos religiosos de los actos y ceremonias institucionales. Y otra vez los ciudadanos que defienden la aconfesionalidad del Estado y la estricta separación de religión y administración civil, sea cual sea su creencia religiosa o ausencia de ella, se sienten estafados.
La estafa, las incoherencias de los socialistas, la traición a sus propios principios, demuestran lo poco dispuesto que está el gobierno de Zapatero a defender la laicidad y algunos principios irrenunciables del republicanismo y de la izquierda de los que tanto alardea. Las promesas de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tienen menos eco e influencia que un avemaría a la puerta de una discoteca.
La táctica de acercamiento al centro, político y sociológico, se impone.
Pero en las disculpas del PSOE aparecen algunos indicios de por qué se mantiene el poder de la iglesia católica en España en ámbitos que no le corresponden.
Dijo el diputado Ramón Jáuregui que el PSOE no quiere prohibir nada. Y uno se pregunta por qué han prohibido cosas que también eran hábitos y costumbres sociales, y se han prohibido para proteger a quienes no los practicaban. A menudo en lo físico. Toca también en lo de conciencia.
Y dice el portavoz socialista José Antonio Alonso que no se puede prohibir lo que no está regulado: "No hay ninguna norma que modificar".
Y tiene razón. La Constitución y el reglamento de la promesa de los cargos públicos de 1979 permitieron al actual gobierno ser el primero en usar sólo la fórmula laica de la promesa. Porque se promete una función pública, no un cargo eclesiástico ni religioso.
Y por eso esos símbolos deben eliminarse de tales ceremonias. Para desvincular poder religioso y civil, como sabemos desde la Ilustración y como principio de la Modernidad. Porque son cargos cívicos y de función pública, no religiosos. Ninguna autoridad eclesiástica puede sancionarlos y se deben ejercer con libertad de conciencia.
Pero efectivamente no hay nada que prohibir ni ley o reglamento que cambiar. Simplemente hay que hacer cumplir a todas las instituciones la ley, sean la monarquía o cualquier otra. Usar sólo los símbolos del Estado (y de las autonomías o ayuntamientos) en este tipo de ceremonias, porque de cargos y funciones públicas se está hablando.
Pero en la costumbre de mantener y colocar esos símbolos se perpetúa un privilegio de la iglesia católica sin relación alguna con las creencias de quienes prometen sus cargos. Y así se mantiene una posición a la que se aferra la jerarquía eclesiástica para imponer sus mandamientos y principios más allá del legítimo ámbito de sus fieles y sus conciencias al resto de la sociedad.
Porque ellos si prohíben, o lo intentan, fuera de sus funciones y ámbito.
