La SGAE no tolera la crítica. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Los demás sólo estamos para pagar y obedecer. Están acostumbrados. Ningún gobierno ha puesto coto a sus desmanes ni ha ejercido un adecuado control de sus cuentas y actividades como indica la ley.
La Sociedad General de Autores y Editores demanda al diario Público por una supuesta campaña en su contra al haber publicado "un sinfín de noticias, comentarios y opiniones, casi siempre en un tono negativo, sesgado y lesivo para los intereses que representa SGAE y con la clara intención de desacreditarla".
Y son pocas.
Como entidad de gestión colectiva de derechos, la SGAE se debe a sus asociados, pero también a toda la sociedad, que tiene derecho a conocer su actividad, gestión y cuentas.
Las entidades de gestión colectiva deben ser transparentes. Y la SGAE no lo es. Pero no les falta razón en que la desidia gubernamental en poner coto a sus pretensiones y la falta de mediación y arbitraje denunciada por otros sectores tantas veces lleva a que hoy criticar a la SGAE pueda ser motivo de demanda.
Bienvenida sea como acicate para informar con más tesón sobre sus actividades y gestores, además de ejercer con esmero y sin pausa el derecho de crítica. Por ejemplo, contra el canon y contra la falacia de vincularlo al derecho de copia privada.
