El primer gobierno de un estado aconfesional no se libró del crucifijo en su toma de posesión a pesar de prometer los cargos. Ese crucifijo es un anacronismo sin base legal, ya que la ley sólo establece desde 1979 la posibilidad de jurar o prometer el cargo público.
Pero los modos de la monarquía española siguen siendo católicos por más que el país sea multirreligioso. Y con los símbolos se conserva un poder y una visibilidad inadecuada en un país donde las herencias del nacionalcatolicismo se resisten a dejar paso a una sociedad más plural.
Haría bien el gobierno y el Parlamento en reclamar otras prácticas para que la Casa Real no pueda seguir diciendo que nadie ha pedido nunca retirar los símbolos religiosos de estos actos protocolarios.
