El telestado de Rajoy comienza a sintonizarse. La vicetodo Santamaría ha anunciado que no habrá Consejo Audiovisual (CEMA) y que posiblemente se integrará con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El desmantelamiento de las televisiones autonómicas comienza con la posibilidad de externalizar y convertir en privados los informativos y otros contenidos hasta ahora de servicio público. Ahorro y eficiencia por un lado y no tan claro por el otro.
Soroya Sáenz de Santamaría citó la no creación del Consejo Audiovisual como fórmula para ahorrar siete millones de euros presupuestados para este año. Pero el CEMA hace más falta que nunca cuando la convergencia de televisión y banda ancha anuncia la era de la televisión conectada y el gobierno plantea la reforma del telestado con la reducción de la financiación de RTVE, la reforma de las autonómicas, el duopolio de Telecinco y Antena 3 en la televisión en abierto y el crecimiento de la televisión de pago con la mayoría de los derechos de los programas más demandados en unas pocas manos: el cine en Prisa y el fútbol en Mediapro. Una situación de oligopolio y atípica en Europa.
Repensar el telestado, reformar y hacer más eficaz y sostenible el servicio público (si es que sigue existiendo), crear las condiciones para aumentar la oferta multimedia de la convergencia y promover la industria de la producción y los contenidos, son trabajo bastante.
La CMT ya lo advirtió en su informe de 2009 sobre la Ley Audiovisual. Entonces se fijaba el ahorro en 34 millones de euros, más cercano a la realidad y a los costes de otros reguladores europeos. Ahorrar dinero y hacer un regulador para la convergencia son objetivos compatibles.
El plan de privatización de las televisiones autonómicas comienza eliminando los límites a la producción privada. Informativos de producción privada y fin de las limitaciones del servicio público a la programación externalizada. El objetivo fundamental es rebajar el coste de las plantillas de las públicas. Pero esa medida provocará más paro y pagar con dinero público los recortes de personal.
La mayoría de las televisiones públicas, de RTVE a las autonómicas, ya externalizan en grandes productoras como Vértice 360, Mediapro o Secuoya gran parte de sus operaciones informativas y muchos programas. La desaparición de las limitaciones debería ser compatible con la promoción y fortalecimiento de la industria de la producción, no concentrar en exceso los contratos y asegurar la calidad e independencia de los programas de servicio público.
Repensar los contenidos públicos con un nuevo servicio audiovisual, reorganizar las frecuencias de la burbuja de la TDT –como ha pedido Uteca- y mejorar la coordinación y colaboración entre las televisiones públicas, merecen una autoridad independiente.
Garantizar esos objetivos es tarea suficiente para un regulador profesional y no sujeto a intereses políticos ni económicos.
Columna en Estrella Digital
