La ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública duerme en los cajones del gobierno. La norma, imprescindible para desarrollar el gobierno abierto y aumentar la transparencia administrativa y política, ha quedado arrumbada ante otras urgencias políticas, la discusión de la reforma del canon digital y la recuperación de la ley Sinde contra las descargas con mayor consenso parlamentario.
El acceso a la información pública es indispensable para garantizar el derecho a saber de los ciudadanos, proteger sus libertades, defenderse del abuso y control de sus datos por las administraciones públicas y construir una sociedad más abierta. Obliga a los poderes públicos a responder a los ciudadanos, facilitar información sobre sus actos y ser transparentes y responsables. Una ley para dotar a la democracia de la información necesaria para una sociedad participativa y crítica.
Un enorme cambio de cultura en la administración, la forma de gobernar y el manejo del poder. Una pérdida del control tradicional de políticos y funcionarios para poner la información y los datos en poder de sus legítimos dueños: los ciudadanos. Un desafío ausente de las prioridades de la nueva política de la sociedad de la información que capitanean el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y José Enrique Serrano, jefe de gabinete del presidente Zapatero.
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