La Comisión Europea exige a España que no financie RTVE sin publicidad con la tasa a las telecomunicaciones. Un impuesto que ha empezado a cobrar hace unos días para recaudar 150 millones de euros, que se elevarán a 230 al acabar el año. El gobierno sabía que esta decisión llegaría. Y también que aunque defienda la nueva financiación en Bruselas, el modelo no es sostenible.
Desde el sector y los reguladores se reclama la imposición de un canon para la televisión pública o una tasa sólo para los servicios audiovisuales, sin diferenciar entre pantallas en la era de la convergencia.
La llamada tasa Google que las telefónicas también reclaman para ayudar a financiar sus redes. Una opción para un posible pacto del gobierno con telefónicas y televisiones bajo el paraguas de que en la era digital todo es televisión.
Columna completa en Estrella Digital
