Adigital y la Red de Empresas de Internet (Rei) recurren la ley SindeWert ante el Supremo. Las empresas de internet se quejan de la inseguridad jurídica que crea la potestad de la Comisión de la Propiedad Intelectual para perseguir y cerrar webs sin tutela judicial efectiva. Una protesta reiterada desde el inicio de la discusión de la ley, desarrollada por el gobierno de Rajoy con una entusiasta defensa del ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert.
Las empresas digitales denuncian que la ley antidescargas "lejos de pretender la defensa de los intereses generales, tanto de las empresas como de los ciudadanos, lo que hace es auspiciar los intereses particulares de un grupo reducido, dando respuesta así a las peticiones de determinados grupos de presión".
Una realidad que está impidiendo un acuerdo para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, imprescindible para acabar con una disputa que seguirá enojando a los internautas, no acabará con los problemas de la vieja industria de contenidos y amenaza a los nuevos medios.
Desde la tramitación de la ley Sinde, el entonces diputado y ahora secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, prometió una reforma pospuesta ya por los gobiernos de Zapatero pese a las demandas de varios sectores tanto del Ministerio de Industria como del propio PSOE.
Rubalcaba se olvidó de quienes defendían la reforma en el Partido Socialista y Mariano Rajoy enarboló la bandera anti canon digital en su programa junto a la promesa de modelos de retribución "más justos y equitativos, basados en el uso efectivo de las obras" y derechos de propiedad intelectual que favorezcan nuevos modelos de negocio. Lo mismo piden Adigital, REI y otros.
Pero la irrupción de un inesperado ministro Wert como fuerza de choque de Rajoy para las primeras decisiones duras de un Ministerio con duros recortes y cambios políticos como el ataque a Educación para la Ciudadanía o los cambios en el sistema de becas y financiación educativa y cultural parece haber frenado el ímpetu reformador. Como en otras decisiones, el gobierno del PP parece más empeñado en recortar e imponer una política conservadora en lugar de promover la nueva economía.
La disputa sobre las descargas no tiene solución con la amenaza a los derechos de los ciudadanos ni con medidas que sólo aumentan la inseguridad jurídica y económica. Como demuestra el caso Megaupload o la oposición a las leyes SOPA, PIPA o ACTA, la solución pasa por reformar el mercado de contenidos digitales y convertir las descargas no autorizadas en un negocio.
Perseguir el dinero, no a la gente. Para eso es necesario ajustar precios, tanto de las licencias de uso y comercialización como del producto final, dejar de perseguir los enlaces y desregularizar la copia de obras digitales.
El futuro de los contenidos pasa por rentabilizar todas las copias y descargas tanto en un mercado primario: el de los servicios comerciales de descarga y streaming de calidad, que pagan sus licencias comerciales; y crear un mercado secundario -como defienden algunos miembros y asesores del gobierno- para las descargas no autorizadas. Una licencia universal a aplicar sobre todas las copias. Asegurar el derecho de participación de los autores gracias a los tribunales mercantiles y a los reguladores del mercado como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que asumirá también las competencias del no nacido Consejo Audiovisual.
Columna en Estrella Digital
