El desafío comunicativo de Zapatero
El presidente electo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha prometido nada más ganar las elecciones que uno de sus grandes retos es reformar la televisión pública. La comunicación, la manipulación y los mensajes equívocos han jugado un papel extraordinario en estas elecciones y el líder socialista hace bien en tenerlo muy en cuenta.
Zapatero retoma así su promesa de reforma de los medios públicos, de los que tanto se han quejado los socialistas estos últimos años. Una comisión de notables, entre los que ahora falta Fernando Lázaro Carreter, recientemente fallecido, elaborará un informe que el presidente electo se compromete a respetar.
Los objetivos del informe serán "garantizar la independencia, respetar el pluralismo político y social, el mejor cumplimiento de su función de servicio público y la extensión de los valores cívicos y democráticos".
Es una tarea imprescindible dado el desprestigio de los medios de comunicación públicos, que los últimos años han llegado a cotas de manipulación y sometimiento al poder nunca vistas en España. Con el director de los servicios informativos de TVE condenado por manipulación, Radio Nacional de España haciendo proclamas políticas –y sin saber siquiera el día de la votación a quién correspondia el lema 'Nafarroa Bai', ganador de un escaño– y la Agencia Efe hundida en los peores momentos de su historia, el cambio es urgente e imprescindible.
La comunicación en España está terriblemente condicionada por el sector público y el control político de los medios. TVE es la primera cadena de televisión nacional y las autonómicas ocupan una gran parte del espacio audiovisual. En la radio, el mismo modelo condiciona también la información y el espacio público en las ondas.
La Agencia Efe es la principal surtidora de noticias de los medios de este país y condiciona irremediablemente la información de muchos.
Los ciudadanos han comenzado a actuar al margen de los medios. Así lo hicieron el sábado, jornada de reflexión, cuando miles de manifestantes protestaron antes las sedes del Partido Popular para pedir información y verdad.
Una gran parte de la crisis de credibilidad de los medios en España es culpa de los medios públicos, estatales y autonómicos. Son siempre ejemplo de sometimiento y falta de independencia, y muy pocas veces de profesionalidad y calidad.
El nuevo gobierno tiene la obligación de poner coto a esta situación. Pero también debe hacerlo sin caer en el estatalismo del que el Partido Socialista no se ha despojado.
En materia de información, las buenas intenciones de los políticos acaban casi siempre en censura, manipulación y control de los medios.
El nuevo gobierno y la comisión independiente de reforma de los medios está obligada a:
1. Definir un modelo de comunicación pública que no limite la competencia y el derecho a concurrir de los agentes privados: más libertad y más mercado.
2. Garantizar la independencia informativa de los medios públicos.
3. Establecer un modelo de radiotelevisión de calidad. El servicio público puede competir en el mercado pero sin caer en el sensacionalismo y la rebaja de criterios. Es su obligación ofrecer calidad, rigor y defender la cultura antes que la lucha por la audiencia. Para eso se compensa su financiación con el dinero de todos.
4. Establecer un sistema de garantías para democratizar e independizar los consejos de los medios públicos y sus direcciones: participación ciudadana, elección por órganos ajenos al gobierno, mandatos no simultáneos, etc.
5. Establecer instituciones de vigilancia y consejo independientes cuyas recomendaciones sean de obligatorio cumplimiento para los medios públicos y sirvan de orientación a los privados.
6. Imponer sistemas de gestión responsable que eviten el despilfarro, la deuda excesiva y la utilización anómala de los recursos.
7. Limitar la ocupación pública del espacio comunicativo. En un país democrático con un sistema de mercado asentado no es necesaria una presencia desmesurada de medios públicos.
8. Establecer un marco legal estable, acorde con las recomendaciones internacionales, que elimine la inseguridad jurídica en la que el sector audiovisual ha vivido los últimos años.
Más allá de los políticos, los periodistas de los medios públicos deben hacer también una reflexión. Ahora se piden responsabilidades y surgen protestas donde en mucho tiempo sólo hubo silencio, con pocas honrosas excepciones. La vida es dura y hay que trabajar, pero el periodismo –sin llegar al sacerdocio– tiene unas exigencias profesionales, éticas y cívicas que deben defenderse. Si no se hace cuando es necesario, luego la protesta está deslegitimada.
Miles de periodistas son ejemplo de valor y principios en muchos países del mundo y en situaciones de peligro para su vida y su libertad. Los profesionales de los medios públicos, especialmente los que tienen su sostén asegurado por su situación laboral estable y garantizada, no tienen disculpa. Deben hablar y protestar cuando deben, no cuando conviene.
Zapatero tiene mucho que escuchar y mucho que pensar si quiere acabar con un modelo comunicativo en gran parte heredado del franquismo más intervencionista. Garantizada la libertad y el derecho a la información, con la defensa de las culturas española y autonómicas asegurada, es hora de que los políticos democraticen el sistema de comunicación para que salga del ámbito del poder y vuelva al de la información.
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