Las administraciones públicas pueden ofrecer wifi gratis y abierto, pero con las condiciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT): registrarse, pagar una tasa, limitar el alcance y la velocidad del servicio, y no financiarlo con fondos públicos. Una sentencia de la Audiencia Nacional ratificando la sanción al Ayuntamiento de Málaga por no respetar esos requerimientos vuelve a avivar el debate a pesar de que más de 500 administraciones públicas ofrecen wifi con varios modelos, con o sin publicidad, en colaboración con empresas, etc. y se permite el wifi comunitario compartido entre vecinos.
La sociedad de la información necesita crear un nuevo servicio público digital. Un acceso a contenidos y servicios públicos y financiados con dinero público en condiciones diseñadas para ampliar el acceso de los ciudadanos.
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