José María Lassalle y el ministro José Ignacio Wert, aislados como los ratoncitos ciegos, imponen una compensación por copia privada que perjudica a todos, no satisface a nadie y no soluciona los desafíos de la propiedad intelectual en la era digital.
Cultura pagará cinco millones este año a las sociedades de autores frente a los 115 millones recaudados en 2011. El coste lo asumen unos Presupuestos repletos de recortes en servicios públicos básicos como sanidad y educación. Las sociedades de autores y editores (SGAE, Cedro, Egeda, AIE, Aisge, Dama, Vegap, etc.) pierden uno de sus poderes y principal fuente de financiación.
Los autores perderán ingresos y los ciudadanos pueden vivir la irrealidad de no estar pagando por lo que antes veían en la factura de sus compras. En la doctrina del PP, lo que no se ve no existe.
El canon Lassalle es la renuncia a repensar la propiedad intelectual en el mercado digital, con las autoridades europeas y de la competencia reclamando una reforma a fondo de las sociedades de gestión, los derechos de autor, la copia privada y los nuevos negocios de contenidos digitales para aumentar el mercado y proteger tanto a autores como a consumidores, como explicaba esta semana el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier.
El nuevo canon no impone una tasa a los grandes distribuidores digitales como las telefónicas o las multinacionales de internet. Una propuesta alentada por los gobiernos alemán y francés para crear la llamada tasa Google: cobrar el canon por derechos de autor a las grandes empresas y plataformas. Las sociedades de derechos publicaron un manifiesto en noviembre alertando de lo que consideran una discriminación que los castiga.
La promesa de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, avejentada por las nuevas tecnologías tras 25 años de vigencia, se retrasa. Unos dicen que a la espera de Bruselas, otros que a mejor momento político.
El PP siempre ha utilizado propagandísticamente el canon digital. Ahora convierte en permanente el apaño de suspenderlo al poco de llegar al poder para contentar a los internautas.
Pero la puesta en marcha de la ley Sinde-Wert contra las descargas y el nuevo canon universal revela un Ministerio de Educación y Cultura sin visión del mercado, con responsables que prácticamente no se hablan, vigilados por la vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría y donde tanto Industria como Hacienda intentan imponer los intereses de la industria y del fisco a toro pasado, cuando las decisiones ya han sido tomadas sin su conocimiento.
Consumidores y autores tendrán que volver a esperar ideas y consenso de un Congreso incapaz de consensuar un nuevo marco jurídico o seguir confiando en el mercado único de contenidos digitales propuesto por Bruselas. Otros harán uso intensivo de una copia privada que ahora parece justificarlo todo.
Análisis en ElDiario.es
