El marianazo es un recorte del gasto público y un aumento de impuestos como nunca se ha conocido. El presidente se ocultó tras sus ministros económicos y su vicepresidenta para no presentarse ante un país que aún tiene frescas sus promesas de no subir impuestos. Junto a las medidas generales, tres con impacto en la sociedad de la información: la aprobación del reglamento de la ley Sinde, una reforma del canon digital que nos obliga a pagarlo a todos a través de los Presupuestos del Estado y un recorte de 200 millones en la financiación de RTVE que entrega definitivamente el mercado audiovisual al duopolio Telecinco/Antena 3.
La aprobación de la ley Sinde estaba anunciada por el ministro José Ignacio Wert. El gobierno se ha apresurado a ponerla en marcha (BOE) sin cumplir sus promesas electorales de proteger una propiedad intelectual que “permita la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio”. Esos nuevos negocios digitales están ahogados por los abusos de las grandes distribuidoras, las gestoras de derechos y una trama empresarial y jurídica que convierte en una hazaña terriblemente burocrática y cara la adquisición de derechos, como se queja la Comisión Europea.
El gobierno reforma también el canon digital, obligado por la justicia europea y nacional. El PP siempre ha flirteado con la oposición al canon y prometía en su programa modelos de retribución “más justos y equitativos, basado en el uso efectivo de las obras”. Pero como en los tributos, las promesas se desvanecen. A falta de desarrollo reglamentario, por ahora el canon digital desaparece y se establece un “pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado” (Disposición Adicional Décima del Decreto de medidas urgentes).
Si antes el canon era injusto por indiscriminado, ahora lo será más porque lo pagamos todos, seamos consumidores o no de esas obras. Si antes se aplicaba a los soportes sin distinguir contenidos y de quién eran, ahora se cobrará a todos los ciudadanos.
¿Es este el modelo de retribución “más justo y equitativo, basado en el uso efectivo de las obras” prometido? Más bien todo lo contrario. Todos pagamos a unos pocos, seamos o no consumidores de copias privadas.
El hachazo de un 36,5% a la financiación estatal de RTVE se temía. El PP tiene muchas cuentas contra la televisión pública. El telestado de Rajoy se apoya en el duopolio Telecinco/Antena 3, dominador del mercado y la audiencia por el mal dibujo del mapa audiovisual de Zapatero y sus gobiernos.
La reducción repentina del presupuesto de RTVE a cifras de antes del apagón analógico obligará a un drástica reestructuración que sólo podrá hacerse rebajando producción externa, canales temáticos y servicios digitales. Cuando la mayoría del presupuesto de la radiotelevisión pública es para nóminas y gastos corrientes, sólo renunciar a derechos de programas y retransmisiones deportivas, reducir personal contratado, apagar canales y rebajar la oferta digital permitirá mantener una cadena fuerte como La 1, aunque debilitada.
El impacto en la producción audiovisual será importante cuando las autonómicas ya han rebajado su gasto en programas y se espera el prometido fin de la obligación de las cadenas privadas de financiar el cine con un cinco por ciento de sus ingresos.
El PP tampoco tiene un plan para el servicio público en la era digital. Por ahora, recortes y todo el mercado para las grandes privadas. Marianazo a la sociedad de la información.
Columna en Estrella Digital
