La velocidad cambiante de internet se atasca en la lenta maquinaria legal y en las disputas entre nuevos y viejos derechos. Entre intereses de empresas de internet, creadores de contenido, televisiones, telecomunicaciones, etc.
Los ciudadanos están cada día más preocupados cuando su consumo personal y compartido gracias a las redes sociales aumenta. Reclaman derechos de ciudadanía digital: libre acceso y uso a la información y el conocimiento, gobiernos y empresas abiertas, respuesta rápida de poderes y administraciones. Leyes para ciberciudadanos a velocidad de banda ancha.
Mientras el ministro de Industria, Miguel Sebastián, promete ante expertos de todo el mundo en la Feria Internacional de Contenidos Digitales (Ficod), un plan de 200 millones de euros para promoverlos, su colega Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura, recuerda que esos contenidos no nacen de procesadores, sino del esfuerzo de sus autores. Y defiende una gestión de la propiedad intelectual que los medios digitales rechazan porque no se adapta a las tecnologías, hábitos de consumo, precios y oportunidades de un mundo de pantallas en conexión permanente a la red.
Es hora de leyes para el encuentro entre usuarios, tecnologías y contenidos. Un pacto para consumir y compartir a un precio justo sin pérdida de derechos para nadie. Respuesta eficiente a demandas nada virtuales.
Columna en los medios de Vocento
