La Comisión Europea acaba de anunciar dos medidas sobre derechos de autor y propiedad intelectual dispares. Una parece mirar al futuro y la otra está anclada en el pasado. Se reproduce la doble faz y la diferente tendencia de las decisiones políticas detectada tan a menudo cuando el impulso viene de responsables económicos o del ámbito de la cultura. Pero en algo sí coinciden las dos: protegen a los negocios y avanzan muy poco en la reflexión sobre los derechos de los ciudadanos y el futuro de los contenidos y la cultura.
Con la primera medida Europa derriba los monopolios nacionales en la gestión de derechos de autor como los de la SGAE en España. Acaba el contrato obligatorio unido al pasaporte de los músicos.
La segunda propone extender los derechos de los intérpretes de música y de las discográficas a 95 años desde los 50 actuales para igualarlos con los de los autores y con los países en los que esos derechos son más longevos, como Estados Unidos. El objetivo confesado por el comisario Charlie McCreevy es proteger a los músicos de los años 50 y 60 del pasado siglo, cuando estalló la música pop y surgió el actual poder de las discográficas. Y ellas serán las primeras beneficiadas de esta extensión de derechos.
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