La lista insidiosa del gobierno tripartito catalán
En el país del seny sorprende el poco tino con el que el gobierno tripartito (PSC, Esquerra, IC) ha abordado la política comunicativa. Un informe atribuido al secretario de Comunicación de la Generalitat, Miquel Sellarés, nombrado por el líder de Esquerra, Josep Lluís Carod Rovira, ha despertado la indignación entre la prensa catalana.
El escándalo se suma al nombramiento de familiares como cargos públicos del ejecutivo autónomo, especialmente en el área de comunicación, y la posterior polémica del nombramiento del máximo responsable de la Corporación Catalana de Radiotelevisión.
Llueve sobre mojado. Pero no sólo sobre los primeros meses de la primera Generalitat de izquierda de la moderna democracia. CiU, el partido que ha desvelado en el parlamento autónomo el llamado Informe sobre medios de comunicación social, sabe mucho de la gestión política de los medios en Cataluña.
El escandaloso e inquisidor informe califica a los medios según sus afinidades, analiza sus cuentas y sus conexiones con el poder político. La financiación encubierta de algunos medios salta al primer plano.
Los medios madrileños son vistos desde Cataluña como sectáreos y montaraces, abonados a la polémica y enganchados al poder. Desde el antiguo condado se apela a la tranquilidad, la sensatez (sobrevalorada) y la defensa del pueblo, virtudes e intereses catalanes.
Esos rasgos han sido arteramente manejados por el nacionalismo, de derecha y de izquierda, dentro de su estrategia identitaria y de fortalecimiento del poder político, cultural y territorial propio. La lengua, la cultura y la comunicación siempre han sido armas políticas de primer orden y el nacionalismo es un virtuoso en su uso.
Por eso no sorprende que en el Informe sobre medios tenga un papel tan destacado la situación del fracasado Avui, las suscripciones públicas de La Vanguardia y la situación de la prensa en catalán, dominada por una edición de El Periódico que nunca ha gustado a convergentes ni a Esquerra.
Más allá de los aciertos de análisis, las insidias y especulaciones y la perversa intención del informe, atribuido inequívocamente por el director de La Vanguardia, José Antich, a dirigentes de Esquerra, su realización y existencia demuestra el talante intervencionista e identitario de la política de comunicación del gobierno de Pasqual Maragall.
Pero lamentablemente, el documento tiene mucho de cierto y revela la peligrosa afinidad, política y financiera, de algunos medios, las fuerzas políticas y las administraciones de turno. El propio director de El Periódico, Antonio Franco, reconoce y se lamenta:
"Algunos elementos de la descripción del mapa comunicacional catalán que hace el documento son desgraciadamente ciertos. En los 23 años de gobierno de CiU, un exceso de dirigismo de los medios públicos y una línea discriminatoria de favoritismo económico --suscripciones masivas de la Generalitat, licencias de radio, etcétera-- a los privados más afines a Pujol han empobrecido la calidad de nuestra libertad de expresión además de quebrar la igualdad de oportunidades entre los medios".
Es hora de la separación entre política y medios, cada uno en su sitio. Ni poderes, ni contrapoderes. Unos a gobernar con transparencia y equidad informativa, obligados por las elementales reglas democráticas, y los otros a informar, con o sin opinión o posición editorial más o menos marcada, pero con respeto exquisito a la veracidad e imparcialidad de la información. En la opinión allá cada cual.
La identificación de medios y política lleva a estos entuertos. Es hora de que una democracia madura los desenrede. Los responsables de los medios no deben vender su independencia, ni los periodistas perder la autonomía intelectual y crítica de su pluma.
Los políticos, más allá de la tentación dirigista y totalitaria, deben jugar a la democracia y respetar sus reglas. Maragall y Zapatero han prometido independencia, transparencia y pluralismo.
Es hora de demostrarlo.
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