El Gobierno propone subir los impuestos de alcohol, tabaco y luz para subsanar el déficit sanitario. Los ministros Pedro Solbes y Jordi Sevilla creen que las comunidades autónomas pueden recaudar algo más de 600 millones anuales con la subida fiscal. El gobierno destinará 3.300 millones de euros para paliar el déficit de la sanidad, un servicio público esencial.
Más gasto, más impuestos. Pero la lógica económica no siempre es igual a la política. Las autonomías españolas subvencionan cada año a las televisiones públicas con más de 600 millones de euros y aportan otros créditos extraordinarios para llegar a casi 1.000.
La mayoría de las televisiones autonómicas soportan una deuda descomunal financiada por los ciudadanos. En RTVE ocurre lo mismo.
Es muy discutible cómo cumplen su función de servicio público las televisiones públicas españolas. Lo que no tiene discusión es que su orientación estratégica y publicitaria, así como la mayoría de su programación, es claramente comercial y redundante con las cadenas privadas.
Madrid, Cataluña, Asturias y Galicia ya aplican el céntimo sanitario. Otras cuatro autonomías, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Andalucía tenían previsto imponerlo en 2006.
Madrid, Cataluña, Galicia, Valencia y Andalucía tienen televisiones y radios autonómicas generosamente financiadas. Asturias, Aragón y Baleares pretenden abrir este año sus nuevas teles. Todas tienen presupuestos de entre 10 y 15 millones de euros anuales más las inversiones para su instalación y lanzamiento.
La sanidad requiere más impuestos. Los medios públicos (y las subvenciones a los privados) utilizados como enormes instrumentos de poder político pueden seguir sin responder de su falta de rentabilidad en un mercado atractivo para la iniciativa privada.
¿No deberían pensar mejor políticos y ciudadanos en qué se gasta el dinero público?
