Rajoy ha encontrado cómo blindar el dogma del equilibrio fiscal y fortalecer la imagen de probidad de su gobierno. Lo hace sabiendo que no puede fiarse ni de los suyos. El anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ata a políticos y administraciones a cumplir las obligaciones de estabilidad presupuestaria y financiera impuestas por el gobierno para atajar la deuda pública y calmar a los mercados.
La anhelada ley de acceso a la información pública restringe el acceso a datos que puedan perjudicar la política económica y monetaria (art.10.1.d) e intenta frenar a los políticos derrochadores con el control público de sus actos y el sometimiento a un código que más de buen gobierno es una imposición ideológica y producto de las presiones de los mercados.
Columna completa en Estrella Digital
