El PP lo tiene claro: hay que destruir RTVE. Es una obsesión del partido en el gobierno agudizada los últimos años. Nadie en el PP perdona a los informativos líderes los minutos dedicados al rosario de casos de corrupción de los últimos años ni las penas de telediario sufridas por los populares.
Las acusaciones de manipulación no las atemperan ni los consejeros del PP que pretendieron intervenir los contenidos de los informativos antes de su emisión ni el marianazo en el presupuesto. El PP se queja en la televisión pública y en el Congreso. Pero falta un destructor y cómo justificar el desmantelamiento. El gobierno de Rajoy no encuentra con quién rellenar el sillón de presidente de RTVE para su demolición. El coste profesional y el recorte de sueldos en las empresas públicas han ahuyentado a varios candidatos a terminator.
La alternativa es derrumbar la audiencia y el servicio público bajo el frágil mando de presidentes de turno –la situación actual- y nombrar jefe una vez rastrillados los despojos.
Al PP no le gustan las críticas ni las voces discordantes. Intenta acaparar más preguntas en la sesión de control del Congreso a RTVE para seguir fustigando a la televisión pública y ahogar a la oposición. El rodillo popular es implacable. Con gran parte de la prensa a su favor y la complacencia de las televisiones privadas, sólo RTVE es un tímido cicuta de sus políticas.
El derrumbe de la televisión pública provocará un terremoto en la industria audiovisual como la pérdida de la publicidad la ha provocado entre los anunciantes. Igual que se ha perdido audiencia comercial y GPRs en la publicidad se perderá público, financiación y tejido industrial en el audiovisual.
El cine sufrirá menos los recortes por el blindaje legal del 6% del presupuesto de RTVE para su financiación hasta que se cambie la ley, pero las productoras españolas, deportes como el motociclismo, el baloncesto o el tenis sufrirán la pérdida de ingresos por derechos y un público que no recuperarán con su emisión por los canales privados.
El PP odia a RTVE y no está interesado en el servicio público, como ha demostrado con la gestión de la valenciana Canal 9 o de Telemadrid, monumentos del sectarismo y la manipulación. El castigo al leviatán audiovisual puede llevarse por delante una industria que necesita reforma, sensatez y ajustes, pero no demagogia.
Interesados: Rajoy busca responsable de demolición..
Columna en Estrella Digital
