Televisiones más eficientes, con mejor gestión del dinero público y abiertas a la competencia. Es el objetivo de la reforma de la ley audiovisual para permitir la gestión privada de las televisiones autonómicas en un mercado repleto de cadenas y oferta creciente en internet y las nuevas plataformas. Pero la Comisión Nacional de la Competencia avisa: es necesario establecer un tope a la financiación pública y a los pagos por derechos premium de las cadenas autonómicas (como el fútbol o el cine), además de garantizar una privatización abierta, sin discriminación y exquisita para no pasar de un exceso de televisión pública al beneficio de unas cuantas productoras privadas.
Competencia calcula que las televisiones públicas reciben un 30% de su presupuesto de las arcas públicas. Las autonómicas recibieron 2.000 millones de euros en 2010 y cuestan 30,6 euros por habitante y año, un 42% menos que la media europea. La huída de telespectadores les ha restado ingresos hasta lograr menos del 8% de la tarta publicitaria de televisión (frente al 85% del duopolio Telecinco/Antena 3) y un diez por ciento de la audiencia.
El proyecto del gobierno permite la gestión privada, que ya existe en las autonómicas más jóvenes mientras en el resto hay mucha producción externalizada, y elimina los límites a la producción. Competencia alerta: cuidado con adjudicar la gestión y programas de las autonómicas a grupos afines políticamente o sin suficiente control, como ha ocurrido en casos de corrupción como la Gürtel. Tres grandes productoras –Vértice 360, Mediapro y Secuoya- controlan la producción de las televisiones públicas directamente o a través de filiales autonómicas. El resto de grandes grupos de comunicación pugnan por el resto de la programación.
Reformar las autonómicas debería hacerlas más eficientes económicamente, pero también más plurales y transparentes. Sin inflar el mercado de derechos ni la propaganda. A Competencia sólo le ha faltado reclamar expresamente más independencia política.
Columna en los diarios de Vocento
