Las autonómicas se reivindican: como servicio público, por sus informativos, su contribución a la industria audiovisual y la defensa y promoción de las autonomías, con la lengua, la cultura y la cobertura territorial como principales valores. Todo por 30,6 euros por habitante y año (83,73 euros por hogar en 2010), un 30% menos de la media europea de 42,4 euros.
El presidente de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), Pablo Carrasco, presentó un informe sobre las cadenas autonómicas que responde a otro anterior de Uteca (la patronal de las privadas) y a las declaraciones del gobierno. Carrasco afirmó que están “dispuestos a todo en el objetivo de garantizar el servicio público de televisión y de radio” frente a la privatización decretada por el gobierno.
¿Tiene futuro una televisión tan cuestionada social y políticamente?
Hablar de la televisión pública es desatar pasiones políticas. La obsesión del PP contra RTVE y la larga historia de utilización partidista de las cadenas públicas las convierte en objetivo de todos los ataques. ¿Pero tienen sentido las autonómicas en la era de la fragmentación y la saturación audiovisual?
Las autonómicas tienen un 10% de audiencia media. En Cataluña sube hasta el 15% y en Galicia, Aragón y Andalucía superan ese registro. La televisión pública acaparó en 2010 el 34% de los ingresos totales de las televisiones y las autonómicas lograron el 19,3%. Facturaron 226 millones de euros de publicidad -11% del total- y cayeron hasta el 8,8% en 2011, un 8,85% de la publicidad televisiva (Infoadex). Esa diferencia entre costes, a los que se suman dos mil millones de subvenciones, y audiencia es para muchos la prueba de su ineficiencia. Para sus defensores, el coste del servicio público.
¿Quieren los espectadores pagar 30 euros anuales por la televisión autonómica? ¿Para qué? El coste de las autonómicas debe bajar. Como el resto del sector audiovisual, deben ajustar sus costes y oferta en un mercado saturado. Pero sobre todo hay que redefinir el servicio público. Cuatro deberían ser los ejes principales: contenidos de calidad e interés público, lengua y contenidos propios, independencia política e impulso del sector audiovisual.
Las autonómicas defienden que cumplen en un 80% el servicio público. Pero sólo el uso de las lenguas propias, donde existen, y los informativos son razones claras. Los informativos son el 29% de la audiencia de las autonómicas -45% en TV3, 39% en TVG o 38% en Aragón- frente a un 16% en las privadas.
Ninguna cadena ha conseguido demostrar independencia política con una estructura que la garantice. Sin embargo, la distancia entre las más prestigiosas a las más denostadas es enorme. Algunas como TV3 mantienen reputación profesional mientras la valenciana Canal 9 o Telemadrid encabezan las protestas por manipulación.
Son un motor para el sector audiovisual. Sin RTVE y las autonómicas, la industria audiovisual sería mucho menor. Han obligado a la descentralización de la producción e invierten más de 265 millones de euros en las productoras nacionales. La reforma de la televisión pública defendida por el gobierno implica una fuerte reestructuración de todo el sector audiovisual para el que no se adivina una visión de conjunto.
Es la hora de la responsabilidad, para las televisiones públicas, el sector audiovisual y los políticos. Hay mucho espacio para la reforma audiovisual y del servicio público en la era digital. Pero lo importante es definir qué debe garantizar y con qué recursos. El resto es política.
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