Tuesday, December 29, 2009

Euskadi empieza a construir un gobierno abierto

El ejecutivo vasco se compromete a convertirse en un gobierno abierto (oGov). El gobierno de Euskadi comienza a hacer realidad las promesas de su lehendakari, Patxi López, para crear el primer gobierno abierto de España.
Euskadi comenzará una apertura de los datos públicos "primando los valores de transparencia, participación ciudadana, servicio y eficiencia" antes de promulgar una ley de acceso como la prometida por Zapatero para todo el estado, lo que puede generar algunos problemas de derechos de acceso y de apertura real de los datos de la administración. Los datos oficiales vascos estarán disponibles "bajo licencias de propiedad abiertas, que permitirán su redistribución, su reutilización y su aprovechamiento con fines comerciales".
El egobierno de Patxi López se apoyará para su empeño en la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público de 2007, que todavía no ha dado demasiados resultados a nivel estatal, especialmente en la apertura y la facilidad de uso de los datos de las administraciones públicas para los ciudadanos.
Euskadi quiere seguir los pasos de la Casa Blanca de Obama. Para ello se creará un nuevo portal en Euskadi.net "al que se subirán datos de modo progresivo", aunque por ahora el compromiso no incluye fechas concretas.
Entre lo más importante del compromiso vasco de gobierno abierto están los principios tradicionales de transparencia, comunicación y acceso a todos los datos públicos, pero también la oferta directa de los datos para crear una plataforma pública que permita la interoperabilidad, el procesamiento y reutilización de los datos por empresas y ciudadanos a través de las nuevas tecnologías, de los mapas a la realidad aumentada. Y un importante ahorro de dinero público. El acceso a esos datos dependerá a partir de su publicación -veremos cómo y en qué condiciones tecnológicas- de la iniciativa ciudadana y de la visión de las empresas y asociaciones que comiencen a aprovecharlos.
Una iniciativa que va más allá de la ley de transparencia gallega de 2006, nunca desarrollada para construir una administración más abierta y participativa, y del Parlament 2.0 catalán.