No es gratis. Ni la cultura, ni el entretenimiento, ni Internet. No es gratis crear, producir contenidos o información, ni defender derechos y libertades fundamentales. No es una pugna entre perseguidores de gangas y autores explotados. Es un debate sobre los contenidos en un sistema digital, de conexión permanente, con coste cero de la copia, donde los usuarios comparten criterios y obras gracias a las herramientas digitales. Un nuevo sistema donde la cultura y la industria de masas están en crisis.
La respuesta no es limitar derechos ni sostener lo obsoleto. Está en crear una sociedad del conocimiento que suceda a la del consumo. Es el espíritu de la revuelta contra la idea de autorizar la desconexión administrativa de quienes infrinjan derechos de propiedad intelectual. Es penoso e inútil escuchar la letanía de quejas de autores y de empresas del entretenimiento contra sus mejores clientes. Y a los políticos usarlo como propaganda.
La propuesta para cambiar la ley nace muerta. La condenan su mala redacción, la reacción de los ciudadanos y la ruptura del consenso previo. El presidente ya ha dado marcha atrás.
¿Por qué esta crisis cuando la ley ya permitía la persecución civil de las descargas no autorizadas y la retirada de los enlaces?
El sistema está averiado. Empezaremos a arreglarlo cuando se discuta sobre una base común. Nadie niega los derechos de los autores, aunque muchos se hayan aficionado a las descargas gratis. La economía de la abundancia y la gran disponibilidad de contenidos empuja a consumir mucho y valorar poco. La propia industria incita ese ansia consumista. Proteger las obras y sus usos –comercial, privado, educativo, etc.– y no la copia cuando esta pierde su valor y es omnipresente. Reconocer el derecho de cita, enlace y de remezcla connaturales a la cultura digital. Ampliar el acceso a las obras de dominio público y a los contenidos financiados con fondos públicos. Generalizar las licencias libres y flexibles de propiedad intelectual. No extender exageradamente los derechos de autor y simplificar su gestión. Garantizar la copia privada, compensada por el canon digital. Y ampliar el acceso a los contenidos a través de nuevas herramientas eficientes y donde creadores, distribuidores y público puedan reconstruir un consenso –un mercado– beneficioso para todos.
Europa no logra acuerdos sobre obras huérfanas, mercado único de contenidos, bibliotecas y archivos, ciencia e investigación abiertas, acceso a la información pública, estándar de libro electrónico, etc. Mientras, muchos se quejan del dominio de los grandes de Internet. Limitar el acceso y castigar a los consumidores no es la solución. Menos la de un gobierno defensor de una nueva economía.
Columna en Público
