El Congreso se une en un raro consenso para reformar el canon digital el día que una junta rectora de la SGAE intenta salvar la sociedad de gestión de derechos de autor tras la dimisión de su presidente Teddy Bautista por la investigación judicial por las irregularidades de su brazo digital. Son los estertores de un sistema que no funciona. Con los consumidores y parte de la industria digital indignados por canon injusto y con los autores intentando preservar una compensación por sus obras que no es equitativa, pese a lo que la ley dice, sino arbitraria y mal repartida.
El propósito del Congreso es reformar el canon, impuesto por la justicia europea sólo a particulares, "por otras fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas y, por tanto más justas y equitativas", según una proposición del PP apoyada por todos los grupos, incluido el socialista, a pesar de estar dominado por los contrarios a la eliminación de un impuesto privado e injusto.
Pero ni la junta de la SGAE, empeñada en enviar un mensaje de transparencia y democracia interna a sus socios, ni los defensores del canon pueden parar la realidad del fin de un sistema ineficiente, dominado por los grandes de la industria de contenidos y que intenta frenar el cambio tecnológico y de mercado. Los consumidores están hartos de pagar canon y precios altos. Los nuevos negocios de distribución y comercialización digital están frenados por licencias abusivas y un sistema complejo.
Europa defiende un mercado único, competencia entre gestoras y licencias más flexibles. Más simplicidad y facilidades para nuevos negocios como el streaming, tarifas planas para compartir contenidos y dejar que el mercado fije precios más asequibles para desincentivar el todo gratis. Podemos seguir sordos y ciegos, secuestrados por un sistema obsoleto y abusivo como la empecinada ministra de Cultura, o apostar por la innovación y que una economía innovadora y sostenible. O seguir pagando alcabalas apegados al unamoniano que inventen ellos.
Columna en los medios de Vocento
