Las obras de la Biblioteca Digital Hispánica siguen siendo de dominio público. Pero la Biblioteca Digital Hispánica como base de datos es propiedad intelectual de la empresa Ex Libris y la Biblioteca Nacional de España.
La contradicción por la que se preguntan 20 Minutos (artículo original en Consumer) y José Antonio Millán es repetida y habitual cuando se trata de la digitalización de obras.
Ahí ha residido la pelea de muchas bibliotecas con el proyecto de Google para convertirlas en bits.
Ya ocurrió con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y con toda obra que se digitaliza para una base de datos, red social o una plataforma de contenidos de usuarios.
El artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual lo deja claro. Y lo mismo el derecho sui generis sobre las bases de datos de la misma ley. Ambas recogidas en la legislación europea.
Afortunadamente el artículo 134 reconoce los derechos del usuario legítimo y el 135 fija las excepciones al derecho sui generis.
Pero la contradicción existe: las obras de dominio público aparecen bajo propiedad cuando se digitalizan.
Es una laguna evidente de nuestro sistema de protección de la cultura. Eso que tanto se proclama y que desgraciadamente acaba a menudo en manos de unos pocos después de ser de todos.
La disposición adicional tercera de la modificación del texto refundido de la ley de propiedad intelectual aprobado en 2006 exhorta al fomento de la difusión de obras digitales y dice que "el Gobierno favorecerá la creación de espacios de utilidad pública y para todos" con obras de dominio público.
Y proclama además que esos "espacios serán preferentemente de acceso gratuito y de libre acceso por sistemas telemáticos, mediante estándares de libre uso y universalmente disponibles".
Pero se olvidó de ampliar el dominio público. Ese es el gran problema de las digitalizaciones y de la cultura libre.
Las obras de dominio público editadas y difundidas con fondos públicos deberían mantenerse libres de derechos en cualquier soporte o formato.
Y todas las obras financiadas o subvencionadas con dinero público deberían revertir cuanto antes al dominio público o gestionarse con derechos flexibles para la utilización no comercial.
Esas son las propuestas necesarias para fomentar una auténtica cultura libre de interés público.
De lo contrario Cervantes y tantos autores siguen cautivos.
